El juez de garantías platense enfrenta tres causas en su contra. El proceso del juicio político se encuentra en la etapa de instrucción y a partir de la próxima audiencia, el 12 de octubre, tendrá 30 días para presentar su descargo.
El hecho que lo involucra viene del año 2002 cuando el juez de Garantías platense, César Melazo, junto al ex fiscal Carlos Gómez, intervino en un expediente abierto para detener a una banda de cuatreros que, en complicidad con autoridades municipales, robaba animales para venderlos a frigoríficos.
Durante los allanamientos hubo catorce detenidos y se secuestraron 4.000 chanchos y 1.000 caballos. Dos de los hombres demorados denunciaron que le habían pagado coimas al Fiscal Gómez, que fue destituido en 2013, y al juez Melazo con un abogado como intermediario.
Luego se sumaron otras denuncias donde se acusa al juez de haber intervenido irregularmente un expediente del juzgado de Marcela Garmendia y absolver a un sindicalista; y por haber facilitado la fuga del barrabrava Marcelo Mallo.
En las últimas horas, el jurado de enjuiciamiento conformado por los diputados Hernán Albisu, Leandro Santiago, Ramiro Gutiérrez, Mauricio Barrientos y Rocío Soledad Antinori, llamó a declarar al fiscal Marcelo Romero y al abogado Marcelo Peña, en el marco de una denuncia en la que se acusa al magistrado de absolver al secretario general del gremio de Carga y Descarga, Daniel Gustavo Vila, imputado por una serie de incidentes en el Mercado de La Plata.
Marcelo Romero es el titular de la UFI 6 de La Plata y en 2012 pidió que Vila sea sometido a juicio oral, al entender que los hechos configuraban los delitos de “coacción agravada, daños calificados y privación ilegal de la libertad, en concurso real”, que contempla una pena de hasta 10 años de prisión.
La sesión se levantó por falta de quorum y se convocó a una nueva audiencia para el miércoles 12 de octubre donde el jurado le otorgará a Melazo un plazo de 30 días para que realice un descargo. Pasado ese tiempo, el jury resolverá el apartamiento preventivo o la suspensión por un plazo de 30 días prorrogables para el juez.
En la misma audiencia se dará a conocer la resolución de la comisión bicameral respecto a si la causa de los chanchos y caballos prescribió o no.