El tsunami de la matrícula federal

En el contexto del debate por la reforma de la Ley de Honorarios propuesta por la diputada Anabella Hers e impulsada por el oficialismo de Gente de Derecho en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) se reflotó un proyecto legislativo que se propone la creación de una matrícula federal única para abogados.

El proyecto busca que el ejercicio de la abogacía ante la Justicia Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea por medio de una matrícula única que sea controlada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en lactualidad lo hacen las Cámaras Federales de cada provincia). La iniciativa se va a tratar esta semana en las comisiones de Justicia y Presupuesto y Hacienda, y ya generó una fuerte oposición por parte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que hizo pública una solicitada en el diario La Nación por la que critica duramente la idea.

Qué dice el proyecto

Según el texto de la propuesta legislativa, la matrícula será entregada por los Colegios de Abogados “y entidades profesionales organizados conforme a las respectivas leyes de cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires que tengan a su cargo el gobierno de la matrícula y el ejercicio de la potestad disciplinaria”, pero en las provincias donde no existiere colegiación legal de los abogados –sólo dos, Santa Cruz y Chaco- la matrícula federal será otorgada “por la entidad local representativa” de los letrados que se encuentre asociada a la FACA.

Por otra parte, también se prevé que el gobierno de la matrícula federal esté a cargo de los Colegios y entidades indicadas, pero “con la coordinación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)”.

Este detalle generó la ira de las autoridades del CPACF, que se suma al fastidio porque el proyecto “tan inconstitucional como innecesario” piensa tratarse esta semana en Diputados, relegando al de reforma de la Ley de Aranceles.

“Esta Federación, a la sazón, una Asociación Civil sin fines de lucro y por ende, con afiliación de carácter estrictamente voluntario, que jamás llevó adelante ninguna estrategia que defienda las incumbencias profesionales, los honorarios ni cualquier otra cuestión atinente a nuestra profesión, pretende hoy avasallar las autonomías de las provincias que componen la República así como la de la Ciudad de Buenos Aires”, señala el comunicado.

Para el CPACF, con la propuesta legislativa “lo único que se pretende es aniquilar el estado federal con el mezquino fin de recaudar el valor de una nueva matrícula y un bono de actuación profesional de los abogados de la República Argentina”, lo que violenta artículos constitucionales y la Ley 23.187, y que, sumado a ello, generaría “un costo adicional para litigar a los abogados, obligándolos al pago de dos matrículas para ejercer en igual modo que lo hacen el día de hoy, cuando sólo deben abonar una”.

“Es una absoluta falta de respeto hacia el colectivo de abogados que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se dedique a tratar temas que sólo perjudican la labor profesional, encareciéndola y obstaculizándola tanto para el profesional como para el ciudadano, bajo la apariencia de un control que ya es ejercido muy eficazmente no sólo por la colegiaturas locales sino por las Cámaras Federales de todo el país desde hace más de treinta años”, cuestionó el organismo presidido por Jorge Rizzo.

Suspicacias

En diálogo con Diario Judicial, el propio Rizzo hizo público su malestar por el proyecto, que a su juicio “le mete la mano en el bolsillo a todos los abogados”. “¿Qué va a hacer el colega de San Martín, que está matriculado en nuestro colegio, en el de Provincia y que hoy por hoy no paga nada para litigar ante la Cámara Federal de San Martín?¿Va a pagar tres matrículas?” se preguntó Rizzo.

“Llama la atención que eso se discuta en el contexto de la puesta en marcha de la Ley de Reparación Histórica”, cuestiona el presidente del CPACF. A ello se le agrega otro elemento: en Cámaras Federales como la de San Martín no se están tomando nuevos juramentos, lo que significa que muchos letrados que buscan matricularse para homologar convenios con ANSES no pueden hacerlo por no contar con la matrícula para ello, lo que perjudica su trabajo y beneficia a los que sí se encuentran matriculados. “Su tratamiento justo en este momento es lo más inadecuado para hacer frente al clamor de la población de combatir la corrupción” concluye la solicitada.