El fiscal Guillermo Marijuan requirió la instrucción de la acción penal respecto del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en relación al Decreto Reglamentario de la Ley 27.270, que sancionó la Ley de Reparación Histórica y el Blanqueo de Capitales, por los cuales se incluyó a lo familiares de funcionarios a "efectuar la declaración voluntaria y excepcional" dispuesta por la norma "exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos" hubieran "asumido los respectivos cargos". La causa, en trámite ante el Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo, fue iniciada por una denuncia de la legisladora de Libres del Sur, Victoria Donda, que señaló que el decreto "contradice explícitamente la Ley 27.260 que aprobó el Congreso con relación al blanqueo de capitales, porque prohíbe el ingreso de familiares al mismo".