El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe le envió cartas a los 50 diputados de la provincia para evitar que voten un proyecto de ley que reforma 52 artículos del Código Procesal Penal, al que consideran "inconstitucional".
El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe mandó cartas a todos los legisladores de la provincia advirtiendo sobre las consecuencias de la aprobación de un proyecto de ley, que reforma 52 artículos del Código Procesal Penal, impulsada por el senador de la UCR Lisandro Enrico y que ya cuenta con media sanción de la cámara alta.
"Es una vieja receta que intenta resolver los problemas de inseguridad frente al delito apelando a la mano dura y a la demagogia punitiva", expresaron los miembros de la entidad y agregaron que se trata de "otra cruzada, de las tantas que se han dado en el país, que pretende aumentar la severidad del sistema penal con remedios que han demostrado históricamente ser ineficaces en la baja de los índices de criminalidad".
Algunos de los artículos que reforma el proyecto es la de los plazos de detención, ya que habilita una franja horaria de 24 a 72 hs antes de realizar la audiencia de imputación de delitos. "Así, un imputado estaría hasta cuatro días detenido sin el control de un juez y ya se sabe que en ese lapso se produce la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos en las comisarías, advirtieron desde el Foro.
En ese sentido, la Constitución de Santa Fe prohíbe que cualquier detención se prolongue por más de 24 horas sin darle aviso a la autoridad competente.
Asimismo, incorpora la figura de agente encubierto y de delator que, según la carta enviada a los legisladores, "incentiva de manera claramente inconstitucional la comisión de ilícitos por parte de agentes estatales".
En cuanto a los allanamientos, los integrantes del organismo resaltaron que "amplía las facultades de las fuerzas represivas para que los operativos se puedan realizar a cualquier hora y la autorización judicial se otorgue por cualquier medio, incluso electrónico o informático. Esto habilita los "hostigamientos y la violencia institucional que suelen acompañar a estos procedimientos en los barrios más postergados".
Si se aprueba el proyecto, el proceso de flagrancia "deja de ser opcional y pasa a ser obligatorio para los fiscales sin tener en cuenta las violaciones de derechos y garantías que implica este tipo de procedimiento, en general basados en sumarios policiales y reiteradamente impugnados por inconstitucionales", se esta organización.
La carta enviada contó con el aval de Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Foro de Derechos Humanos de Santo Tomé, movimientos sociales, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y varios sindicatos, entre ellos Amsafé, Sadop, ATE, Adul y Festram y otras organizaciones.