Alvarez advirtió que "ningún pais serio tiene respeto por su seguridad jurìdica si tiene a la Corte durante muchísimo tiempo esperando una decisión respecto de un juicio político".
En declaraciones radiales, el funcionario del gobierno de Eduardo Duhalde negó la existencia de una "especie de juego extorsivo entre el gobierno y la Corte", en el cual el tribunal amenaza con emitir fallos --en particular un contrario a la pesificación-- que podrían perjudicar al ejecutivo, mientras no se cierre el trámite del enjuiciamiento.
En ese sentido, aseguró que si él aceptara esa situación estaría admitiendo la existencia de un "tome y daca" que "sería espurio y absolutamente vergonzoso".
"Por una razón elementa, es imposible que un pais desarrolle su vida republicana cuando uno de los poderes que constituyen el Estado está con una espada de Damocles permanentemente" sobre su cabeza, señaló Alvarez, integrante del gobierno que impulsó en sus inicios el enjuiciamiento a la Corte.
Lo dicen los diarios
Un abogado denunció al Poder Ejecutivo Nacional por la presunta comisión de delitos de "acción pública" basandose en publicaciones periodísticas según las cuales estaría presionando a los legisladores del radicalismo para alcanzar el jueves el quorum necesario a fin de cerrar el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
La presentación fue formulada hoy por el abogado Luis Puca, y quedó radicada en el juzgado federal 2 a cargo de Jorge Luis Ballestero.
En su presentación, el letrado sostuvo que de acuerdo con esas informaciones publicadas hoy en un matutino de alcance nacional, existiría una "fuerte presión oficial para cerrar el juicio a la Corte" y que de la misma surge que "el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de evitar un reves judicial, trataría de convencier "como sea" al Poder Legislativo Nacional para cerrar el juicio a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desechando las acusaciones formuladas contra ellos".
Esa actitud del gobierno, obedecería al hecho de que "la corte tendría en ciernes un acuerdo en una causa donde se debate la redolarización de los depósitos, y que dicho fallo podría llevar al gobierno al fracaso".
El motivo de su presentación apunta a que de las publicacioones "surgirían graves injerencias por parte del Gobierno Nacional, hacia el Poder legislativo, para salvar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del juicio político, para que el Maximo Tribunal de Justicia de la Nación , supuestamente no dictase un fallo contrario a los intereses del gobierno" por lo que considera que existe "entidad suficiente para investigar la comisión de delitos de acción pública".