Un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) aconsejó despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal y reabrió la discusión sobre la necesidad de modificar la actual normativa de estupefacientes. Los proyectos y el debate que se viene en el Congreso.
En un año electoral, vuelve a estar sobre el tapete la discusión por la despenalización de la tenencia de drogas. Durante un reportaje en radio La Red, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno "está dispuesto a discutir" el tema.
”En nuestro país no es nada más que un consumo social, detrás del negocio hay muertes de chicos, violencia y destrucción de familias, primero hay que arreglar este tema”, dijo Bullrich al ser consultada por los resultados del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que aconsejó modificar la Ley de Estupefacientes (23.737) y así adaptar la norma a la postura sostenida por la Corte Suprema en el fallo “Arriola”.
“Nosotros estamos dispuesto a discutir, pero hay que pensar en todo lo que pasa con la droga, y no solamente desde una perspectiva ‘cool’, hay que pensarlo con nuestros problemas sociales”, destacó y concluyó: “La marihuana ya no es la marihuana desde hace 40 años, es transgénica, es mucho más fuerte. No se trata de la misma manera, hay marihuanas que generan niveles de locura y de incapacidad de saber lo que la persona hace”.
Frente a estas declaraciones, el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), Roberto Moro, aclaró que “no está en agenda” ni es “prioridad” la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, y advirtió que “la necesidad es crear espacios terapéuticos y acciones en lo preventivo”.
El debate sobre drogas, al Congreso
Sin embargo, no es la primera vez que se plantea el debate sobre la despenalización del consumo personal. Durante los últimos años, se presentaron docenas de iniciativas tendientes a la no criminalización de los usuarios y la implementación de diferentes políticas públicas.
La mayoría de los bloques parlamentarios confeccionaron proyectos y reconocieron la necesidad de un cambio de paradigma referido al tratamiento que se les brinda a los consumidores de sustancias prohibidas.
En agosto pasado, el Frente para la Victoria presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para modificar el régimen legal de estupefacientes. De este modo, los legisladores propusieron quitar el enfoque punitivo sobre los consumidores cuando por “la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal”.
La iniciativa también formula la modificación de los artículos 16 y 19 y la derogación de los artículos 17, 18, 20, 21 y 22 de la Ley 23.737, de forma tal que el “tratamiento del consumidor deje ser obligatorio y se transforme en un derecho, siendo su consentimiento la clave para acceder al mismo”.
Por su parte, la diputada por Libres del Sur Victoria Donda impulsó otro proyecto que, entre sus principales objetivos, busca despenalizar el delito de autocultivo y la tenencia para consumo personal.
También planteó modificar el artículo que penaliza la importación de estupefacientes en escasa cantidad con penas de 3 a 12 años de prisión. “La propuesta de modificación de disminuir el mínimo de la pena de 3 a 2 años de prisión, permitiría la aplicación de penalizaciones más flexibles que redunden en un trato más humano para con quienes son también víctimas del narcotráfico y que, por lo general, pertenecen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, fundamentó.
Asimismo, la diputada Elisa Carrió propuso sustituir el artículo 14 de la Ley 23.737 y, en consecuencia, establecer que “será reprimido con prisión de uno a seis años el que tuviere en su poder estupefacientes, cuando de la cantidad y el tipo de sustancia poseída y de las circunstancias de tiempo, lugar y modo, surgiere que la tenencia no es para uso personal”.
“La prohibición actual invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales, se torna inconstitucional penalizar dicha acción en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal, siempre que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”, indicó.
Por último, la diputada del GEN Margarita Stolbizer formuló otra iniciativa que despenaliza el autocultivo y la tenencia para consumo personal y, además, reformula el artículo 16 de la Ley 23.737 en el sentido de que “sólo las personas que cometieran delitos y que sean adictas a estupefacientes pueden ser sometidos a tratamiento siempre con su previo consentimiento”.
“El fallo ‘Arriola’ ha enviado un mensaje al poder que encabeza, a los otros poderes estatales y a la sociedad toda”, sostuvo y remató: “El mensaje es preservar las acciones privadas de los hombres y mujeres siempre que no afecten a terceros; adoptar efectivas medidas preventivas en relación a los grupos vulnerables; asistir al adicto -a quien considera una víctima- y perseguir al narcotraficante”.