Finalmente, se dio a conocer el contenido completo de los convenios de transferencia del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación a la órbita de la Ciudad. Además, el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación analizará si se pronuncia sobre el tema.
Tras el paro nacional y las fuertes críticas de los magistrados y empleados judiciales, este martes se dieron a conocer los convenios interjurisdiccionales de trasferencia en materia penal y en las relaciones de consumo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
Dichos documentos fueron firmados por el presidente de la Nación, Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el pasado 19 de enero, sin embargo, no se conocía el contenido de los mismos.
“No fuimos consultados y nos enteramos en el medio de la Feria. Nadie conoce lo que se firmó, lo más lógico es que si firmás un convenio al día siguiente lo das a conocer”, afirmó el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, en diálogo con Radio Mitre. Y añadió: ”Nadie lo tiene y hay circulando seis versiones diferentes”.
Los convenios, publicados por el Poder Judicial de la Ciudad, establecen la trasferencia de ocho Juzgados en lo Criminal y Correccional, dos Juzgados de Menores, 15 vocalías de los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, tres vocalías de los Tribunales Orales de Menores y ocho Fiscalías en lo Criminal y Correccional.
También se traspasan seis Fiscalías Generales ante los Tribunales en lo Criminal y Correccional, una Fiscalía ante los Tribunales Orales de Menores, tres Fiscalías Generales adjuntas a la Procuración General de la Nación, y tres Defensorías Públicas Oficiales ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional.
Respecto a la competencia penal no federal, se traspasa a la Ciudad una serie de delitos, tales como el robo, hurto, estafa, violación de domicilio, abuso de armas, entre otros. También asume la competencia de los delitos contra la administración pública como, por ejemplo, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
El documento detalla que las causas “iniciadas en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y en los Juzgados de Menores continuarán su trámite hasta la finalización del proceso, respetando la competencia y jurisdicción de origen”. Mientras que las “radicadas en los órganos judiciales y del Ministerio Público trasferidos serán reasignadas entre los juzgados, fiscalías y defensorías no trasferidos”.
En la primera etapa, se traspasarán un total de 361 agentes, quienes "conservarán su categoría, intangibilidad de sus remuneraciones, antigüedad, obra social y derechos previsionales". Según el convenio, el traspaso va a estar acompañado por los”recursos necesarios y los bienes para el trabajo de los órganos transferidos”.
Además, la Ciudad asume la competencia ordinaria en los conflictos de las relaciones de consumo. De este modo, se trasfieren ocho Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo, tres Fiscalías ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia, tres Defensorías Públicas Oficiales, seis vocalías de la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, una Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones y una Defensoría ante la Cámara.
El traspaso llega al Consejo
El Consejo de la Magistratura de la Nación no quedó al margen del conflicto. La convocatoria realizada desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional contra el traspaso, que contó con la presencia de los consejeros representantes del estamento de los jueces, no cayó bien en el oficialismo.
A esto se suma una presentación de la consejera-jueza Gabriela Vázquez, quien solicitó que se trate el tema en el Plenario y, en consecuencia, se declare su rechazo. El pedido fue incorporado en la agenda del Cuerpo y será tratado este jueves en la reunión.