Un día después de firmarse el convenio de transferencia de la Justicia nacional a la Ciudad, las agrupaciones de jueces y empleados judiciales reiteraron sus críticas. La Comisión Interna del fuero Penal anunció medidas de fuerza para no iniciar la actividad de los Tribunales en febrero.
“El traspaso” será el tema judicial caliente durante este año electoral, la política cosechó numerosas adhesiones pero considerase una reivindicación histórica y ratifica la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, pero desde el sector judicial denuncian serias fallas en la implementación.
La presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero le dijo ayer a Diario Judicial que la independencia judicial y la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa corrían riesgos.
Pero del otro lado, el defensor adjunto de la Ciudad, Luis Ducastella consideró que el traspaso “fortalecerá la Defensa Pública y la acercará más a la ciudadanía”y calificó de muy importante que los porteños “como cualquier habitante de otra provincia, tengan su propia justicia local”.
El fortalecimiento del federalismo y darle mayor autonomía a la Ciudad es la principal espada de defensa del gobierno para continuar con la medida. Ese argumento lo recogió Ducastella al afirmar que así como los porteños “votan a su jefe de Gobierno y legisladores, también puedan elegir, a través de estos últimos y del Consejo de la Magistratura, los jueces que luego van a resolver sus problemas”. Pero el problema que denuncian desde la AMFJN no es el de elegirlos, sino el de removerlos: no son las mismas mayorías para sacar a un magistrado de juegos en la Ciudad que en Nación.
Los empleados judiciales son aún más críticos con el traspaso e incluso la comisión interna del fuero Penal (principal implicado en esta primera etapa de transferencias) anunció que realizará medidas de fuerza que impedirían el inicio del año judicial, previsto pare el próximo 1° de febrero.
En un duro comunicado en el que califica al traspaso como “desguace inconsulto e inconstitucional”, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) criticó que no se haya consultado al gremio sobre los alcances del convenio de transferencia de competencias. La unión dirigida por Julio Piumato sostiene que les llegó “de oídas” algunos detalles del convenio que confirmaban que “la metodología del mismo no considera en absoluto la voluntad de los trabajadores, equiparándolos prácticamente con bienes muebles”.
Esta situación se ve agravada, según la UEJN “por el estado en que se encuentra la Justicia de la Ciudad”. Para el gremio la Justicia local lejos “de focalizar sus esfuerzos en el servicio de justicia” lo que hace es responder “a un reparto comiteril que no prioriza la independencia Judicial sino los intereses y relaciones entre las distintas fuerzas políticas de la Ciudad”. “No tiene en cuenta la carrera administrativa en función del esfuerzo y formación de sus trabajadores, sino de los contubernios políticos”, denuncian desde el sector de Piumato, que se declaró en estado de alerta y movilización.
En una línea más dura aún se encuentra la Comisión Interna del Fuero Penal, el que más se ve afectado por la medida ya que varias Juzgados de Instrucción y delitos como robo y hurto pasarán a la órbita de la Ciudad. Desde el Frente Azul-Bermellón anunciaron que el 1° de febrero, cuando vuelva al ruedo con normalidad el funcionamiento de los Tribunales, se hará una asamblea de todo el fuero en la planta baja del Palacio de Justicia “a fin de iniciar medidas de fuerza por tiempo indeterminado, hasta que el gobierno desista con el proyecto de traspaso”.
Para la agrupación el traspaso encubre un plan de “flexibilización laboral” y que el “desguace” del fuero penal “no significará una mejora en la justicia, sino que redundará en un trágico retardo de justicia para la ciudadanía”. Ese mismo diagnóstico lo dio la presidente de la Asociación de Magistrados, en consonancia también con un acuerdo de la Cámara del Crimen de diciembre pasado, donde se cuestionó el proyecto de traspaso.