Una abogada fue sancionada por el CPACF y demandó a la institución. En el marco de una de las incidencias del juicio, la intimaron a cumplir con la obligación de subir copias al expediente digital y la letrada imputó a los jueces por el delito de traición. Los magistrados se cansaron y la apercibieron.
Tras ser multada por infracción al Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, una matriculada le inició un juicio ordinario a la institución, bajo el pretexto de que la sanción fue arbitraria.
La causa tramitó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, el mismo que confirmó la multa impuesta por el CPACF. En una de las incidencias del expediente, que fue apelada ante la Cámara, uno de los secretarios intimó a la letrada a que cumpla con las acordadas de la Corte relativas a la carga de las presentaciones digitales en el expediente electrónico.
La abogada planteó la inconstitucionalidad de esa normativa y pidió la tramitación de las apelaciones de conformidad con las normas del Código Procesal Civil y le recordó a la Sala IV de la Cámara, que había recusado con causa a dos de sus integrantes: Marcelo Daniel Duffy y Rogelio Vincenti.
Ante un nuevo rechazo de ese pedido, la letrada dobló la apuesta: le imputó la comisión del delito de traición a los integrantes de la Alzada. Colmados en su paciencia, los magistrados, acompañados esta vez por su colega Jorge Morán, tomaron cartas en el asunto, sancionaron a la abogada y remitieron copia de las actuaciones al Colegio de Abogados “a los efectos de que se examine la eventual configuración de una infracción a las normas de ética profesional”.
El fallo del Tribunal, dictado en autos “Q.M.E. c/ CPACF”, recuerda: “en la presentación a despacho, además de cuestionar indirectamente la decisión de este Tribunal, la letrada reitera la imputación del delito de traición dirigida contra los integrantes de esta Sala”.
Los jueces, que le habían advertido anteriormente a la matriculada que “guardase el estilo que es propio del Foro, bajo apercibimiento de hacer uso de las facultades disciplinarias”, actuaron en consecuencia y la castigaron por no obrar bajo los principios de lealtad, probidad y buena fe.
“La atribución de falsedades y la reiteración de infundadas imputaciones delictivas dirigidas contra el Tribunal, además de incumplir aquella pauta de conducta, afecta al bueno orden del proceso”, le reprocha, en su fallo, la Sala IV de la Cámara. Ahora la letrada deberá afrontar un nuevo proceso disciplinario.