El Gobierno envió al Congreso los proyectos de ley para avanzar con la transferencia de parte de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Un grupo de funcionarios de fiscalías se sumó a las voces de rechazo; mientras que la UEJN anunció un nuevo paro nacional con movilización para el martes 21 de marzo.
El Poder Ejecutivo envió finalmente al Congreso cuatro proyectos de ley para ratificar los convenios que avanzan en la transferencia de parte de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno nacional remitió a la Cámara de Diputados los convenios de transferencia del fuero del Consumo y de la Inspección General de Justicia (IGJ); mientras que en el Senado ingresaron los proyectos de traspaso de la Justicia Nacional Ordinaria Penal y del Registro de Propiedad del Inmueble (RPI). Todas las iniciativas llevan la firma del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
En los fundamentos de los proyectos se señala la necesidad de “garantizar el ejercicio de una jurisdicción plena en materia local”, dado que “se encuentran dadas las condiciones para avanzar en estas transferencias de competencias ordinarias y órganos jurisdiccionales en un plazo cierto y determinado, y garantizando en ambas jurisdicciones el servicio de justicia”.
“A más de 20 años del inicio del proceso institucional que dio lugar a la reforma constitucional de 1994 y al dictado de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1996, corresponde al Estado Nacional la adopción de las medidas destinadas a completar el aludido proceso de autonomía”, sostienen las propuestas.
Un nuevo campo de batalla
A través de un comunicado, la Comisión Directiva Nacional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) anunció un nuevo paro nacional con movilización al Congreso de la Nación para el martes 21 de marzo.
La UEJN advirtió que “los proyectos presentan una trampa”, ya que “proponen una modificación sustancial de la Ley Cafiero (24.558), dándole un sustento normativo al traspaso”. Y agregó: “Queda cada vez más claro que con esta redacción se busca traspasar en lo inmediato la totalidad de los fueros".
Puntualmente, los proyectos disponen que “el Poder Judicial de la Nación ejercerá la jurisdicción y competencia federal en la Ciudad de Buenos Aires”, y ejercerá también la “jurisdicción y competencia ordinaria en la Ciudad, mientras sea Capital de la Nación, hasta tanto ese ejercicio sea transferido total o parcialmente y asumido por la Ciudad mediante los procedimientos que se establezcan en los convenios que se celebren entre el Estado Nacional y la Ciudad”.
Al respeto, el gremio judicial afirmó que, según la redacción propuesta, se “modificaría la ley que garantiza los intereses de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ya que modificaría el artículo que establece: “La justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación”.
El traspaso suma rechazos
Diversos funcionarios de Juzgados, Fiscalías y Defensorías Oficiales se sumaron a las críticas contra del traspaso y advirtieron que se trata de una “desvinculación laboral por parte del Estado Nacional, traduciéndose tal circunstancia en una mudanza de trabajadores de carrera como si fueran muebles, de forma totalmente inconsulta y compulsiva”.
“Se pretende forzar la mentada mudanza sin siquiera haber previsto las necesidades edilicias, e informáticas, cuestiones que entre otras tantas, parecen ser dejadas por los artífices de este oscuro traspaso para que se resuelvan por arte de magia”, sostuvo el comunicado y añadió: “Nuestra relación laboral es anterior al convenio y en muchos casos anterior a la Constitución del 1994. Nadie nos puede llevar a ningún lado sin nuestro consentimiento”.
De este modo, los funcionarios manifestaron su “rechazo” al traspaso, argumentando que el mismo “no tuvo un consenso previo, por ser lisa y llanamente un vaciamiento programado de la jurisdicción, traduciéndose en definitiva en un ataque directo a la Constitución Nacional, y un consecuente menoscabo al servicio de justicia y los derechos de todos los trabajadores involucrados en esta pretendida aberración jurídica”.