Por medio de un comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad se mostró a favor de la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo que establece la obligatoriedad del procedimiento administrativo ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales. “Resulta respetuosa de los principios constitucionales”, asegura.
“Ante el debate suscitado con motivo del nuevo régimen legal de Riesgos del Trabajo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de buenos Aires considera que la nueva normativa resulta respetuosa de los principios constitucionales y acorde a la jurisprudencia en la materia elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, así la institución, presidida por Guillermo M. Lipera, se planta a favor de la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo, aprobada recientemente en el Congreso.
Según la asociación la Ley 27.348 “corrige las objeciones constitucionales” que en su oportunidad se formularon contra el procedimiento instaurado por la anterior Ley 24.557, que también estipulaba el paso por las Comisiones Médicas pero luego fue declarada inconstitucional.
El Colegio de la calle Montevideo destaca que la reforma “tiene como uno de sus principales objetivos morigerar la inaudita conflictividad judicial”, que generan los casos de accidentes de trabajo, y brinda a las partes “una nueva herramienta procedimental ágil, rápida y efectiva para la percepción de las prestaciones del sistema en tiempos más razonables”.
Asimismo, según la entidad se respetan en la norma los principios de “bilateralidad, debido proceso y defensa en juicio”, incluyendo “el patrocinio legal obligatorio para los trabajadores y el suficiente control judicial”.
Desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires esperan además que los “órganos competentes” arbitren en lo inmediato “los medios materiales y humanos necesarios para que los procedimientos administrativos previstos cumplan con la finalidad para la que fueron implementados”.
Esta postura contrasta con la del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que expresó fuertes críticas al proyecto y al DNU que, antes de la sanción de la Ley, estableció el paso por las Comisiones Médicas.
El CPACF incluso presentó un amparo colectivo solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la norma. El amparo que cuenta con la firma de su presidente, Jorge Rizzo, critica que la reforma “cercena el derecho de propiedad, el de acceso a la Justicia, el de debido proceso, el de juez natural y el de seguridad social de los trabajadores afectados por una enfermedad o un accidente laboral, así como el derecho de propiedad y el de trabajar de los profesionales abogados”.
El amparo no fue tramitado por el juez Laboral Alejandro Sudera, aunque otra presentación similar, iniciada por empleados del CPACF fue tramitada por el juez Anibal Segura, quien anteriormente había decretado la inconstitucionalidad e inconvencionalidad tanto del DNU como de la Ley, por establecer la obligatoriedad de concurrir a las Comisiones Médicas a los trabajadores registrados, pero no a los que se encuentran en situación irregular.
El CPACF, además había llamado a sus matriculados a “inundar los tribunales de planteos de inconstitucionalidad” contra la nueva normativa.