Una nueva denuncia contra Alejandra Gils Carbó reabrió el debate sobre su permanencia en el cargo y generó opiniones cruzadas respecto a la manera de intentar destituirla. Ante el pedido de juicio político encabezado por Elisa Carrió, el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que “no es la forma” porque la “ley es inconstitucional”.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, volvió a la escena, tras varios meses de relativa calma. En las últimas horas se conoció una nueva denuncia contra la jefa de los fiscales: se trata de la compra de un inmueble que habría favorecido a su ex esposo.
El fiscal federal Carlos Rívolo es el encargado de investigar la presunta compra de un edificio ubicado en la calle Teniente General Perón 667 y, en consecuencia, solicitó una serie de medidas de prueba para comprobar si se favoreció al ex esposo de Gils Carbó con una parte de la comisión por intermediación de más de 8 millones de pesos.
Que sí, que no
Tras el fracaso del tratamiento de la reforma al Ministerio Público Fiscal, un grupo de diputados de Cambiemos presentó una nota solicitando a la Comisión de Juicio Político la incorporación en el temario del pedido de remoción impulsado por la diputada nacional Elisa Carrió por presuntas "irregularidades en los concursos de nombramiento y traslado de fiscales".
"Cuenta con varias denuncias penales en su contra por haber entorpecido investigaciones judiciales que afectaban los intereses del anterior gobierno nacional y, además, por haber designado fiscales ilegalmente, es decir, sin haber cumplido el procedimiento contemplado en la ley Orgánica del Ministerio Público", señala la presentación.
En diciembre pasado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires promovió otro pedido de juicio político contra la procuradora, por considerar que ha incurrido en la causal de “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” y la posible “comisión de delitos de acción pública en el ejercicio de sus funciones”.
A esto se suma la solicitud realizada por el abogado Ricardo Monner Sans, quién requirió separar a Gils Carbó de su cargo, argumentando que “desde que asumiera como titular de la Procuración General de la Nación ha incurrido en un persistente y notorio apartamiento de las normas constitucionales y legales”.
En este contexto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, sorprendió con una declaración sobre la posibilidad de llevar adelante un juicio político contra Gils Carbó. En una entrevista con el diario El Tribuno, Garavano explicó que “existe un proceso de juicio político en el Congreso”, pero opinó que “no es la forma de remoción" porque "es una ley es inconstitucional, que asigna procesos de remoción que no están previstos constitucionalmente”.
“En el caso del juicio político para la Procuradora se pudo haber incluido eso en la reforma constitucional y no se hizo, pero más allá de eso está en manos del Congreso, tanto el juicio político como la Comisión Bicameral de Seguimiento como la posibilidad de modificar la ley de Ministerio Público que para nosotros sigue siendo muy importante para poder avanzar en una reforma del sistema de Justicia Penal”, indicó el titular de la cartera de Justicia.