La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) se declaró en pie de guerra y comenzó un paro de 36 horas con movilización al Congreso contra el traspaso de la Justicia a la Ciudad. La Legislatura porteña trataría la iniciativa antes de fin de mes.
En una nueva medida de fuerza contra el traspaso de la Justicia a la Ciudad, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) inició este martes un paro por 36 horas, que incluyó una movilización al Congreso de la Nación.
Desde temprano los trabajadores judiciales se reunieron en la intersección de las calles Talcahuano y Lavalle para marchar bajo los lemas "No al Traspaso" y "No a la flexibilización laboral".
El gremio encabezado por el dirigente Julio Piumato se opone y rechaza el proyecto de traspaso de los juzgados nacionales a la órbita de la Justicia de la Ciudad, argumentando que se trata de una decisión “inconstitucional” que "pone en riesgo los cargos, la carrera Judicial, y las jubilaciones de los afectados por la transferencia".
En diálogo con Radio Rivadavia, Julio Piumato afirmó que el proyecto es "inconducente", dado que "no mejora el funcionamiento de la Justicia sino que responde a otros intereses". El gremialista rechazó la transferencia e informó que el paro iniciado hoy se extenderá durante toda la jornada de mañana.
En concreto, la UEJN sostiene que "no es casual el traspaso de juzgados sin jueces, que atienden sobre todo delitos contra la administración publica", al entender que "el Gobierno Nacional se garantiza nombrar jueces afines a su ideología, tal como lo viene haciendo en la Ciudad, dependientes del poder político de turno".
Durante la Feria Judicial de verano, el presidente Macri, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron una serie de convenios para avanzar con la transferencia del fuero Penal y del Consumidor, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia.
Desde la Legislatura porteña esperan poder tratar los convenios antes de fin de mes y así avanzar con la iniciativa impulsada por el Gobierno, que luego deberá pasar por el Congreso de la Nación para su ratificación.