En los últimos horas se conocieron nuevos datos y documentos que complican a la jefa de los fiscales en la investigación por presuntas “irregularidades” en la adquisición de un edificio para el Ministerio Público Fiscal. Un nuevo pedido de juicio político contra la procuradora desató una interna en el Colegio de Abogados de Capital Federal. A última hora, la Procuradora ordenó abrir una investigación administrativa sobre la compra del inmueble.
La situación judicial de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se complica cada vez más y la deja al borde de la indagatoria, en el marco de una investigación por presuntas “irregularidades” en la adquisición de un edificio para el organismo, ubicado en la calle Perón 667.
En 2013 la Procuración llamó a licitación pública para comprar un inmueble con determinadas características en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la compulsa se presentaron cinco oferentes y la adjudicación resultó favorable al edificio de la calle Perón 667, perteneciente a la sociedad Arfinsa SA por un monto total de $43.850.000.
En los últimos días se conoció que la empresa Arfinsa contrató a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios para que intervenga en la venta del edificio, quien a su vez contrató como asesor al productor de seguros, Juan Thill.
Tras ganar la compulsa, Jaureguiberry cobró una millonaria comisión que dividió con Thill por "el servicio de asesoramiento y gestiones encomendadas para la presentación de la licitación". El asesor es hermano de Guillermo Bellingi, quien era subdirector general de la Procuración y hoy trabaja en el área técnica de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Frente a la investigación, la Procuración salió aclarar los trascendidos y afirmó que “si Arfinsa SA pagó algún tipo de comisión inmobiliaria en su carácter de vendedora, ello no generó erogación alguna para el Ministerio Público Fiscal”.
La causa quedó a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Eduardo Taiano, éste último busca establecer por qué se pagó una comisión superior a las habituales en las operaciones inmobiliarias y, además, determinar si existieron otras irregularidades en la licitación.
Un enfrentamiento que se profundiza
Un grupo de delegados de la Asamblea del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que responde a Daniel Angelici, solicitó que se promueva el juicio político a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
La postura dividió las aguas en la entidad. El titular del Colegio, Jorge Rizzo, rechazó “in limine” el pedido de realizar una sesión extraordinaria para avanzar contra la jefa de los fiscales. “No existe la figura del ‘juicio político’ para procuradores en el ordenamiento federal. El mismo no ha sido contemplado por nuestra Constitución Nacional sino que se ha determinado un procedimiento especial que establece la Ley 24.946; de allí que lo solicitado es de imposible cumplimiento”, advirtió Rizzo a través de un comunicado.
No es la primera vez que los integrantes de la institución difieren en sus posturas y accionan por separado. En el marco del Día de la Mujer, el CPACF distinguió a Gils Carbó, entre otras personalidades, en reconocimiento al “trabajo, trayectoria y compromiso por una sociedad más igualitaria”.
Dicho homenaje despertó el enojo entre algunos integrantes del Colegio, quienes argumentaron que se realizó "sin consultar a la totalidad de los miembros de la mesa ejecutiva" y manifestaron que las acciones de la procuradora "violentan el Estado de Derecho, la independencia judicial y la división de poderes contemplados en la Constitución Nacional".
Investigación contra mí misma
Este mismo lunes, Alejandra Gils Carbó ordenó abrir una investigación administrativa destinada a esclarecer los hechos que dieron lugar a sospechas sobre la compra del edificio del organismo de la calle Perón 667. El análisis de la situación quedó a cargo del Fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, quien deberá producir un informe final en un plazo no mayor a 60 días, se indicó. Además, la Procuradora dispuso la suspensión preventiva del agente Guillermo Bellingi, quien se desempeñaba como subdirector de administración al momento de la adquisición del inmueble.
La Procuradora General firmó la Resolución 782/17 para la apertura de una investigación administrativa destinada a esclarecer los hechos que -según la página "fiscales.gov.ar"- "dieron lugar a distintas denuncias periodísticas publicadas durante el último fin de semana y que forman parte de una causa penal en la que se investigan supuestas maniobras ilegales vinculadas a la adquisición del inmueble de la calle Perón 667".
En la resolución, Gils Carbó precisó que se trata de "eventos de alta gravedad que demandan una actuación institucional acorde a la transparencia con que esta Procuración General se ha venido desempeñando".