U28: Adiós a la indignidad

Nadie quiere responder por el Centro de Detención Judicial, el nombre oficial de la Unidad de Detención N° 28 del Servicio Penitenciario Federal, más conocida como la Alcaldía de Tribunales. Se trata del espacio ubicado en el subsuelo de la calle Lavalle al 1300, donde se alojan los detenidos o los que ya se encuentran presos pero son trasladados para declarar ante el juez.

Desde hace años, el lugar se encuentra en pésimas condiciones, con sólo dos baños y sin agua corriente. Un relevamiento efectuado por el Juzgado de Instrucción N° 43, subrogado por Alberto Baños en el marco de una acción de habeas corpus colectivo iniciada por la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin), dio como saldo que 120 personas son alojadas en la Alcaldía.

Con el advenimiento del régimen de flagrancia, el pasado diciembre llegó a albergar 171 detenidos, algunos pasan hasta quince días allí, pese a que hay una acordada de la Corte Suprema que dispone que los detenidos no deben pernoctar allí. Tras empeorar la situación, y luego de una intimación formal del juzgado de Baños al Servicio Penitenciario Federal para que cumpla con las resoluciones del Máximo Tribunal, la Corte Suprema hizo pública su intención de que la Unidad deje de funcionar en el subsuelo de Tribunales.

Fue mediante la Acordada 8/17, donde los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz señalaron que el lugar, cedido por la Corte en 1981 al Ministerio de Justicia, cuenta prácticamente con la misma estructura, y desde entonces “ha aumentado exponencialmente la cantidad de detenidos que quedan alojados en esa unidad en condiciones inapropiadas”.

En esa ocasión, y en el marco de una medida que dispone el traslado del lugar como así también de todos los juzgados con competencia penal que funcionan en el Palacio de Justicia, se reiteró al Servicio Penitenciario Federal que garantice condiciones dignas de detención a las personas alojadas allí transitoriamente, como también el mantenimiento de esa unidad, “todo lo cual se halla baja su exclusiva responsabilidad”. Además, delegó en la Cámara del Crimen el poder de superintendencia del espacio, que hasta ese momento estaba en cabeza de la propia Corte, hasta que se concrete el traslado.

Según pudo averiguar Diario Judicial, el convenio por el cual el Poder judicial le cedió a la cartera de Justicia el uso del lugar quedará sin efecto por acuerdo de ambas partes “cuando estas así lo decidan” o por decisión de una de ellas, “cuando esta se lo haga saber a la otra con una anticipación no menor los seis meses".

Esto es lo que buscó la Corte en la reciente acordada, firmada el pasado 20 de abril, cuando le comunicó a Justicia la voluntad del Máximo Tribunal de dejar sin efecto la cesión del uso del espacio ubicado en la planta baja del Palacio de Justicia, en los términos previstos en la cláusula duodécima del convenio aprobado por la resolución n° 328/81.

Pero además, con esa acordada, el Tribunal efectuó un nuevo exhorto para garantizar las condiciones de detención de la Alcaldía, que ya se había materializado en los años 2012, con la orden de limitar los traslados, con la acordada 33/13 cuando se solicitó al Consejo de la Magistratura que arbitrara las medidas necesarias para que quedaran liberados los espacios de la ex-Unidad 22, ocupados por dependencias de la Cámara del Crimen y dispusiera la ejecución de las obras de adecuación para la rehabilitación la misma.

A ello se suma que a fines de 2016, con el dictado de la Acordada 43/16, se le requirió al Ministerio de Justicia que implemente “medidas concretas en el marco de sus competencias para dar solución a Ia situación de las unidades carcelarias”, y reiteró el pedido al SPF de adoptar medidas eficaces para evitar el pernocte de los detenidos.

Cuidados “paliativos”

El problema es que, más allá de la decisión de la Corte, aún no hay un espacio físico destinado al futuro funcionamiento de la Unidad 28. Por ello las medidas tienen a evitar el agravamiento de las condiciones de detención. Por ejemplo, para evitar el traslado de presos hacia la Alcaldía, la Corte recomendó a la Cámaras Penales de la Capital Federal que, en la medida de lo posible y siempre “cuando el acto procesal lo permitiera”, que implementaran paulatinamente el sistema de videoconferencias e instruyeran los tribunales inferiores para que en las citaciones judiciales de personas detenidas “precisaran el horario en que se llevaría cabo el acto respectivo”.

Esta decisión fue tras numerosas presentaciones de otro actor de importancia en este proceso, la Procuración Penitenciaria de la Nación -, que había indicado que los detenidos pasaban un "exagerado tiempo" en la unidad 28 para cumplir con la diligencia judicial.

Por su parte, el juez Baños también dictó una serie de medidas como una desinfección tres veces a la semana y una “exhaustiva limpieza de cada una de las celdas, para así garantizar las condiciones de salubridad e higiene”, según informó a principios de abril el sitio fiscales.gob.ar.