El Observatorio sobre la Reforma de la Justicia Penal y el Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral presentaron objeciones a varios de los artículos del proyecto que ya recibió media sanción en Diputados y volverá a Senadores para su sanción definitiva.
A fines de 2016 el proyecto de modificación del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe logró media sanción en la Cámara de Senadores y recibió fuertes críticas por parte de legisladores, académicos y actores de la justicia penal. A pesar de ello, en marzo de este año logró un dictamen favorable en Diputados y volverá a la Cámara Alta para su sanción definitiva.
En contra de esa decisión, desde el Observatorio sobre la Reforma de la Justicia Penal expresaron que “proclama que el aumento de la severidad penal es el remedio que va a reducir los niveles de inseguridad frente al delito, sin aclarar demasiado si esto se va a lograr vía la disuasión o la neutralización, y se justifica este tipo de iniciativas en que ‘es lo que la gente piensa y quiere’, independientemente de las opiniones de los expertos y los datos serios recabados al respecto. En este caso, se trata de un verdadero ejercicio de contrarreforma, pues enfrenta elementos fundamentales de las promesas de la reforma de la justicia penal tal como se ha desenvuelto en la Provincia de Santa Fe –y en forma más amplia en América Latina”.
El texto original del proyecto recibió distintas modificaciones en Diputados y se eliminaron figuras controvertidas, como la del "agente encubierto" que avalaba la comisión de ilícitos por parte de agentes estatales a los fines de llevar adelante la investigación de actividades delictivas.
También se eliminó la figura del "delator" que daba la posibilidad de negociar la pena si éste genera un aporte a la investigación; y la del “Registro Público de Libertades”, violatorio flagrantemente del principio de inocencia consagrado constitucional y legalmente.
Por otro lado, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) emitió un documento donde advierte que es “extraordinariamente preocupante que se mantengan dentro del proyecto modificado por la Cámara de Diputados algunas propuestas de cambio que resultan contradictorias con principios constitucionales y generan situaciones de potencial violación de los derechos fundamentales”.
Entre las propuestas señaladas por la institución aparecen: la extensión de los plazos de detención y permite que la audiencia imputativa y el control de legalidad se lleven a cabo dentro de las 72 horas; la amplificación del uso de la prisión preventiva como medida cautelar y la obligación de la detención en casos de flagrancia.
Asimismo, se proclamaron en contra de la medida que autoriza al Fiscal para que pueda disponer la reserva total o parcial del legajo de investigación por un plazo no superior a 10 días consecutivos, pudiéndose prorrogarse. Además, "no sólo se permite la autorización del juez para la realización de un allanamiento, “por cualquier medio”, sino que también permite que el fiscal autorice a la policía para eximirse de filmar el procedimiento", sostuvieron desde la Universidad.