El Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación se metió en la polémica por los dichos del Presidente sobre los juicios laborales. Los consejeros rechazaron realizar una declaración conjunta, pero algunos expresaron su “malestar” y “preocupación” ante las declaraciones del Jefe de Estado. Los detalles de la reunión.
Los dichos del presidente Mauricio Macri sobre la existencia de “industrias del juicio” y “mafias laborales” llegaron a la mesa oval del Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación.
“Tenemos que enfrentar estas cosas, por ejemplo a la mafia de los juicios laborales que destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios laboralistas, por suerte una minoría, con un grupo de jueces laboralistas conducidos por Héctor Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina”, denunció Macri durante la jura del nuevo canciller, Jorge Marcelo Faurie.
En ese tono, el mandatario aseguró que estos abogados "convencen" a los trabajadores a "hacer ese juicio indebido y se lo hacen ganar porque tienen armadita la cosa para llevarse la mayor parte del juicio ellos".
Estas declaraciones no cayeron del todo bien en algunos sectores del Cuerpo. El primero en tomar la palabra fue el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade, quien expresó su preocupación y solidaridad con el ex consejero y el jefe del bloque opositor, Héctor Recalde.
“Seguramente hay abogados que no honran el derecho y la profesión, pero la generalización respecto a los abogados laboralistas es una infamia. Ha sido un agravio innecesario", dijo Tailhade.
El legislador aprovechó además la oportunidad para pronunciarse contra los pedidos de juicio político del Ejecutivo a los camaristas laborales Graciela Marino, Enrique Arias Gilbert, Diana Cañal y Luis Aníbal Raffaghelli.
Al respecto, cabe recordar que Cañal y Raffaghell tienen un pedido de juicio político por haber dictado una cautelar que ordenaba la reinstalación de trabajadores despedidos de la ex AFSCA; mientras que Marino y Arias Gilbert fueron denunciados por haber fallado a favor del cumplimiento del acuerdo salarial de los bancarios.
En contraposición, el diputado del Pro Pablo Tonelli aclaró que el presidente “no generalizó” y “no acusó a todos”, sino que “se refirió a algunos abogados laboralistas, que incitan a los trabajadores a iniciar acciones infundadas, innecesarias y en muchos casos perjudican la actividad de las pymes”.
“Tampoco descalificó la Justicia del Trabajo, sino algunos jueces que suelen ser muy permeables a ese tipo de demandas injustificadas”, sostuvo Tonelli y añadió: “Una de las quejas más repetidas entre los pequeños empresarios son las dificultades que tienen con los juicios laborales”.
No obstante, el representante académico en el Consejo, Jorge Candis, manifestó su “preocupación” y retrucó los argumentos de Tonelli: “El tema de las pequeñas empresas es porque son los mayores incumplidores en materia laboral, con relación a tener trabajo no registrado o parcialmente registrado”.
Frente a las declaraciones del Ejecutivo, los representantes del estamento de los jueces tampoco se quedaron callados. La consejera y magistrada del fuero laboral Gabriela Vázquez rechazó las acusaciones contra Recalde y negó la existencia de una “mafia”.
“Todos los colegas de la Justicia Nacional el Trabajo y los magistrados laborales del país sentimos una afectación de nuestra independencia y tarea”, señaló Vázquez.
En tanto, el consejero Luis María Cabral destacó que las declaraciones “implican una forma de presión” y que las "generalizaciones son inconvenientes e injustas”. En la misma línea, el consejero Leónidas Moldes aclaró que "los jueces no deben ser perseguidos por el contenido de sus sentencias y deben trabajar tranquilos".
Por último, la presidenta del Cuerpo, Adriana Donato, coincidió con las expresiones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que en un comunicado repudió “cualquier imputación a la profesión”.
“Lamentablemente, una vez más como se agudizara en los últimos 10 años, el CPACF advierte que no tolerará ninguna intromisión de otros poderes constituidos en la esfera del judicial cuando esto afecte o roce al libre ejercicio de la profesión de Abogados; a nuestro derecho constitucional de trabajar; a los honorarios, las incumbencias ni, al inalienable derecho de todo habitante del libre acceso a la Justicia”, concluyó la entidad presidida por Jorge Rizzo.