“Hay abogados que no tienen currículum sino prontuario"

Carlos Andreucci tiene una historia detrás de la defensa “gremial” de la abogacía. Tras presidir durante años a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) pego el “salto” al plano interacional y fue recientemente electo como titular de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. La UIBA engloba a los colegios de letrados de España, Portugal y Latinoamérica, desde México hasta la Argentina. Este semana se reunió con Diario Judicial para dialogar, entre otras cosas, sobre el proyecto de ley de creación de una matrícula federal para abogados que litiguen en ese fuero y ante la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa generó un fuerte repudio por parte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que reune a la mayor cantidad de letrados en el país. Andreucci defendió con fervor el proyecto, dice que es una “falacia” que se privatice la matrícula porque la FACA “no es una entidad privada como si fuera una agencia de viajes” y entiende que, por el contrario, el proyecto viene a "poner orden".

Dju: ¿Qué es el proyecto de matricula federal?

La matricula federal es un registro que debe hacerse de manera depurada en toda las jurisdiccion de trabajo de la Justicia Federal del país. Hay materias que por ser delegadas de las provincias a la Nación, requieran que la Nación las atienda. Esto hace que en las provincias se atiendan materias de contenido federal, por ejemplo las universidades, que son organismos descentralizados que están en las provincias pero tienen rango de contenido federal.

En todas las materias de conflicto que el ciudadano tiene, como problemas jubilatorios, demandas contra el Estado Nacional, corralito, el ciudadano debe concurrir a jueces federales. ¿Y cómo lo hace?, mediante abogados que deben estar categorizados, detectados y ordenados para esa materia. Esto es lo que no existe en la realidad. Hoy tenemos un registro de matrícula federal donde sólo se hace una inscripción ante una Cámara Federal de una provincia, donde el abogado se anota y ejerce de maneras “incontrolada”.

Ocurre que con el tiempo hay letrados que pasan a la Justicia, que son designados jueces o parte de la estructura del Poder Judicial de las provincias,  abogados que se mueren, abogados inhabilitados y con incompatibilidades y todos siguen de alta. Esto es un registro que a la fecha de hoy tiene 90.000 abogados y no tiene contralor. El comportamiento profesional frente a los ciudadanos requiere un control ético de los abogados, en relación a la mala praxis o abusos en relación con el cliente. En todas las provincias hay un sistema de control por parte de los colegios de abogados locales y en materia federal no. No hay quien le ponga contralor ético y disciplinario de una matricula que no se sabe ni siquiera que grupo de abogados están efectivamente en ejercicio.

Dju: ¿Qué viene a resolver este proyecto?

En 1985 la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) insta a que la Ciudad de Buenos Aires tenga su propio colegio profesional. LA FACA, fundada en 1921, tiene entre sus objetivos estatutarios construir colegiación legal para que el Estado delegue a los propios pares de la abogacía el control de la matrícula y la disciplina. Esto funcionó perfectamente, porque tenemos más de 22 distritos de distintas provincias con colegiación legal, y en la provincia de Buenos Aires no hay menos de 20, y en Córdoba 11, por ejemplo.

En los '80 la Capital Federal no tenía esto, entonces desde la FACA se instó y se logró la colegiación con la consiguiente creación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En la ley 23.187 que crea el CPACF, se incluye que el control de la matrícula en la Justicia Federal de la Capital Federal también esté a cargo del CPACF. Por lo cual quien está habilitado para litigar ante la Justicia Nacional de la Capital Federal, también puede hacerlo si el conflicto es federal. Pero paralelamente en el resto del país no se tiene ese control.

En consecuencia el CPACF requiere una “doble matrícula” que en realidad es una sola para los dos fueros, cobra un dinero para mantener la estructura, la capacitación para abogados, poner en marcha el control discplinario, todos los costos operativos, pero los abogados de resto del país que requieren atender un asunto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – como por ejemplo un abogado del interior que tiene que venir a ejercer una defensa ante el fuero federal de la Ciudad- debe matricularse en el CPACF, lo que genera que muchos matriculados de las provincias estén matriculados allí. Por lo que el total de la matricula del CPACF no es absolutamente “puro y genuino” de la Capital Federal. La matricula federal vienen a poner orden en este asunto.
 

Dju: ¿En qué casos?

Para que tengamos un registro exacto de quienes efectivamente son abogados activos para ejercer en el fuero federal de todo el país. Esto hoy no se sabe. Esto es importante porque la totalidad de los inscriptos como abogados en el fuero federal son los electores en las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación – hay una mitad que se elige por por la Ciudad y otra por el resto del pais-.

El Consejo, para hacer las elecciones, seleccionar la junta electoral, realizar el escrutinio y proclamar a los electos ha descargado por ley en la FACA esas facultades. Así que, en respuesta a las criticas que dicen que es una entidad privada, como si fuera una agencia de viajes, hay que aclarar que la FACA es una entidad que está reconocida por el Estado. El problema es que no se sabe quienes efectivamente pueden votar en las elecciones hasta que se tenga un registro depurado, que es algo que viene a resolver la matricula federal.

Doy un ejemplo: jueces de la Justicia provincial fueron a votar en la elección de los abogados. Los abogados lo denunciamos: pasó en Misiones y en Mar del Plata, con funcionarios que, por tener cierto “afecto” por algun candidato fueron a verificar si estaban inhabilitados en el padrón, y como no lo estaban fueron a votar. Esto es impresentable desde el punto de vista legal y ético. Pero ¿quién controla éticamente estas conductas?, en el proyecto de matricula federal se delega este control en los colegios de las provincias -coordinados por la FACA, donde están todos asociados salvo el CPACF-.

Con este diseño, los colegios aceptan recibir la delegación del Estado para que, con la matrícula que ya tienen, se agrega el control de la matricula federal del lugar del domicilio del abogado. Por ejemplo ahora, un abogado con domicilio Córdoba hoy se matricula en la Cámara Federal de esa provincia y nunca más lo controla nadie. Con este cambio el matriculado en la Justicia de Córdoba pasa a estar controlado con el Colegio de Abogados de la provincia.

Con esto se va a transparentar todo un modelo que está oculto. Esto también es importante porque la Ley de Jurado de Enjuiciamiento estipula que los miembros del jury saldrán del padrón de los letrados con matricula federal. Por lo que vamos a saber claramente si existen los abogados que saldrán sorteados para componer el tribunal que juzgará las conductas de los jueces.

Dju: ¿Por qué se dice que con este proyecto se “privatizará” la matricula federal?

Eso es una falacia. La FACA es una asociación que junta a todos los colegios de abogados que voluntariamente se afilian. En la estructura de este Estado democrático, existen distintas posibilidades de que el cumplimiento de fines estatales se transfieran a organizaciones que no necesariamente son del propio Estado.

La FACA está reconocida institucionalmente en el reconocimiento de fines estatales e intereses públicos, por ejemplo en la integración del jurado de enjuiciamiento del Ministerio Público. En el jury contra el fiscal (José María) Campagnoli, dos abogados que integraron el Jurado de Enjuiciamiento representaron a la FACA, y esos votos fueron decisivos a la hora de mantener al fiscal en su cargo. Además participamos del mismo régimen en la Defensoría General de la Nación. ¿Van a decir que se privatizó la Justicia del Ministerio Público? Reitero, la FACA hace las elecciones en el Consejo de la Magistratura por la misma Ley del Consejo de la Magistratura. Incluso el Consejo ha entregado fondos para las erogaciones de lo comicios en todo el país. O sea que preparación de boletas, urnas, traslados, los paga la FACA.

La representación institucional de la FACA no puede estar equiparada a una “privatización”. Este es un argumento “efectista” pero no efectivo. Acá una disputa de liderazgo por la fuerte concentración de la matrícula en la Ciudad de Buenos Aires. Además no es cierta la privatización porque el proyecto delega en los colegios de las provincias, que son organismos de ley, en control de la matricula federal. Por lo que el hecho de que la FACA participe en gestiones de logística, como la gestión de los antecedentes, no es privatizar la matrícula.

Acá hay otro problema y es que muchos no quieren que se tenga un registro unificador de las sanciones disciplinarias, porque hay abogados que no tienen currículum sino prontuarios. No quieren saber que el país sepa quien es quién. Porque hoy un abogado registra antecedentes en la provincia de Buenos Aires pero igualmente puede ir a matricularse a Jujuy y ahí es un hombre probo.

Pero además, cuando el Ministerio de Justicia o el Consejo de la Magistratura evalúan los antecedentes de los aspirantes, envían a la FACA consultas sobre los antecedentes de aquel. Hoy se debe consultar a cada uno de los colegios de todo el país a ver si tal o cual abogado se encuentra matriculado y cuáles son sus antecedentes, su trayectoria, cumplimientos o en incumplimientos. En definitiva, esta matricula federal va a ser un salto de calidad, pero le quita protagonismo al CPACF, que pretende retener solo en la Ciudad lo que el resto del país no tiene.

La matricula federal es repartir lo que el CPACF tiene, nada más. No tiene ninguna incidencia negativa. Le guste o no a la CPACF, la FACA tiene 100 años y una trayectoria internacional indiscutida, trabaja de manera cercana en todos los colegios, porque el CPACF no se preocupa por lo que le pase a los abogados de Cutral-Có. La realidad del país es diversa y la FACA está en cada rincón, por eso hay 80 colegios vinculados, que se juntan en una necesidad de defensa, de protección, de dar cursos de actualización.

Con la reforma del Código Civil y Comercial, el CPACF hizo cursos de actualización de calidad. Bueno, la FACA hizo lo mismo pero en el resto del país. La matricula de la defensa de la gente es una y el interior carece de muchos servicios y la gente necesita buenos abogados. Entonces la negativa a la matrícula federal del CPACF es negar una historia de la que el mismo colegio es hijo. Quiero recordar que cuando se dictó la Ley 23.187 muchos abogados de la Ciudad de Buenos Aires no querían la colegiación legal y fueron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso “Ferrari” dijo que la colegiación legal es correcta. ¿Qué pasó en esa época? el CPACF no tenia sede y ¿Dónde empezó a funcionar en los primeros tiempos? En la sede de la FACA de Avenida de Mayo 659, 2° piso. Les dimos el espacio físico para que crecieran y crecieron.

Dju: ¿Pero que ocurre entonces con el bono que prevé la ley?

La matricula federal en este proyecto es absolutamente gratuita, no se le pide al abogado ninguna erogación adicional. Ocurre que el letrado que litiga y pone en marcha el servicio de Justicia paga un bono por litigar. Pero el abogado que está inscripto en la matrícula federal y no va a los tribunales, tiene un costo 0. El abogado que asesora empresas, hace dictámenes, ejerce la profesión y no tiene un gasto extra por estar matriculado, el único gasto es cuando va a los tribunales y paga un bono. Este tema no hay que verlo como una disputa entre sectores, este proyecto es para mejorar a la condición ciudadana, para que la gente sepa qué abogado lo atiende, como lo atiende y cómo ejerce la profesión. Y esto es exigirle más a la Justicia Federal. ¿Porque hoy quién le exige a la Justicia Federal que trabaje como tiene que trabajar? Por eso también tenemos estos desgastes como atrasos, alteraciones, falta de coberturas, subrogancias. Con esto se va a ordenar, va a ser un orden para el Estado y un orden para la Justicia.