La Cámara de Diputados dio medio sanción al proyecto que propone que el ejercicio de la abogacía ante la Justicia Federal y la Corte Suprema sea por medio de una matrícula única que sea controlada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Los cuestionamientos del CPACF.
Por 114 votos a favor, 29 en contra y 17 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley que propone que el ejercicio de la abogacía ante la Justicia Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea por medio de una matrícula única que sea controlada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
El primero en tomar la palabra fue el diputado Diego Mestre (UCR-Córdoba) quien destacó “la importancia que tiene el proyecto para todos los abogados del país". En este sentido, Mestre explicó que “es una respuesta a los reclamos históricos”.
Por su parte, María Emilia Soria (FpV) coincidió en la “necesidad de regular la matrícula federal”, pero aclaró que “no comparte la forma en la que fue tratada la iniciativa, ya que faltó profundidad en el debate. Además, esto encarece al servicio de justicia".
“Un miembro de nuestro bloque presentó un proyecto similar, pero jamás fue tratado por la Comisión y no llegó al recinto (...) Es una injusticia para los Colegios del interior, abogados y víctimas, que van a tener que pagar un poco más”, agregó y se preguntó: “¿Por qué tanto apuro?”.
En tanto, la diputada nacional por la Capital Federal Anabella Hers consignó que “no encuentra fundamentos para que una asociación civil privada tenga injerencia”, y consideró que la propuesta “atenta con los artículos de la Constitución Nacional”.
Rodolfo Tailhade, diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires, se sumó a las críticas y manifestó: “Nos quieren meter por la ventana la ley, sin discusión de ninguna naturaleza. En la Comisión de Justicia no expuso ningún abogado ni Colegio del país”. En contraposición, el legislador Juan Brügge (UNA) calificó de "lamentable que los abogados del interior cuando quieran litigar en la Capital Federal tengan que volver a matricularse", y remató: "Roza lo extorsivo”.
El diputado Daniel Lipovetzky, quien fue vicepresidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, propuso modificar el porcentaje previsto que deberá abonarse al inicio de cada actuación profesional. De esta manera, se estableció que pase de 0,5 por ciento a 0,3 el aporte en relación a la remuneración básica asignada en forma mensual al cargo del juez federal de primera instancia.
Defensa de la FACA y críticas del CPACF
Tras las duras críticas al proyecto de creación de una matrícula federal para litigar ante esos Tribunales y la corte Suprema de Justicia, propinadas por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a las que luego se sumó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) salió al cruce y defendió el proyecto.
La entidad sostuvo que las críticas “desinterpretan groseramente la realidad que data del marco normativo”, y dio su explicación del proyecto, que regula la matricula "con carácter general e igualitario para todos los abogados del país no crea obstáculos para el acceso a la justicia, ni implica más burocracia, ni más trabas ni regulaciones; menos aún establece un superpoder para regular el ejercicio federal”.
Desde el CPACF no dijeron lo mismo, le señalaron a Diario Judicial que ven con "profundo pesar" que no se haya seguido el dictamen de Anabella Hers, que había planteado que la matrícula de cualquier colegio sirva para litigar ante la Justicia Federal.
Fuentes cercanas a la presidencia del Colegio señalan que si la FACA "no se quedó con la matrícula ni la plata" fue "por una gestión personal Rizzo".
El proyecto expone que los gastos y erogaciones que demande a los Colegios de Abogados y a la FACA la puesta en marcha de las funciones establecidas por la norma, se financiaran con los fondos del Poder Ejecutivo y con la contribución del derecho fijo que deberá abonarse al inicio de cada actuación profesional.
Alícuota que además será fijada semestralmente por la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y sin cuyo pago los Jueces estarán impedidos de dar curso a alguna presentación. Este fue el punto central de la crítica del CPACF al proyecto, asegurando que se trata de un “negocio millonario”. Es que en el medio de todo, la Justicia Federal será la encargada de homologar los acuerdos por la Ley de Reparación Histórica a Jubilados y Pensionados y desde el organismo presidido por Jorge Rizzo hay suspicacias.
Con la colaboración de Rita Lucca