DELIBERATIVO.

Era el clima que reinaba en Comodoro Py -donde las escalinatas son tradicionalmente muy resbaladizas-, con jueces y camaristas componiendo distintos cuadros de situación enrededor del posible arribo de un nuevo inquilino para el edificio. Es que el pedido de traslado del camarista Roberto Hornos –se molestó con quienes le endilgaron una “maniobra” sin escuchar razones- para pasar de penal económico a federal, fue una noticia de alto impacto tanto por su trascendencia como por su sorpresa. Si bien las conocidas causas “Samid”, “María Julia”, “Oro”, “Armas” y otras tantas que siguen generando trámites superpuestos, los consagran como fueros prácticamente equivalentes, el momento para plantearlo no pareció ser el más oportuno. Cuenta de ello ya dieron los abogados Eduardo Dante Orio y Juan Mario Gersenobitz: están en la semana previa a las elecciones para renovar la representación de los abogados en el Consejo y no están dispuestos a “desaprovechar” el debate de la cuestión para dejar bien en claro el porqué sus colegas tienen que respaldar la reelección de ambos votando la lista oficialista que avala el Colegio Público de la Capital. Para reforzar la estrategia y como dato que pasó desapercibido, apenas surgió la noticia del pase, dieron por abierto el concurso para cubrir la vacante provocada por la muerte de la recordada Luisa “Piru” Riva Aramayo, con lo cual darían por bloqueado el traspaso con el acompañamiento de varios legisladores. La justicia es lenta, pero en el Consejo, el que no corre, vuela.

SORPRESAS. Son las que depara la lista de testigos del juicio oral y público por el atentado contra la AMIA en la nueva etapa que comenzó esta semana, donde se debate la responsabilidad de policías bonaerenses en los sobornos contra Telleldín. Una de las declaraciones que se vienen –todavía sin fecha- es la del responsable de la norteamericana Bell South para Latinoamérica y presidente de Movicom, Mauricio Elías Wior. ¿Por qué tiene que declarar este empresario? Por un tema que no es menor, repiten a coro los querellantes. Es que entre 1996 y 1997 Movicom realizó dos estudios para determinar dónde estaban los teléfonos celulares de los policías de Lanús un día clave para el caso AMIA: el 10 de julio de 1994, cuando la camioneta que se usó en el atentado cambió de manos. En el primer estudio dijeron que los teléfonos estaban en la zona de Villa Ballester, muy cerca de la casa de Telleldín. En el segundo los ubicaron en Avellaneda, es decir, dentro de la zona de trabajo de Ribelli y su gente. Cuando los investigadores quisieron chequear la veracidad del nuevo e inquietante estudio, se encontraron con que la información no podía verificarse, porque por un cambio de sistema se perdieron los registros. En el intrincado asunto, que se investiga además en el juzgado de Claudio Bonadío, hay sospechas sobre la acción del comisario bonaerense Luis Alberto Carnagui, quien pidió por su cuenta y casi arguyendo depender del juez de la causa, la información original a Movicom. Justo después, se produjo el extraño cambio. La declaración de Wior, y la de otros empleados y técnicos de la Movicom, quizá ayuden a desentrañar la que parece ser otra maniobra de encubrimiento para los responsables del atentado que mató a 85 personas.

PROBLEMÁTICA. Es la situación que enfrenta la justicia de Suiza por los reiterados pedidos del juez Juan José Galeano para establecer si el mentado “testigo C” de la causa AMIA dice la verdad o no en torno al supuesta soborno a Carlos Menem para no señalar a Irán como responsable de los atentados en Buenos Aires. Si bien el ex presidente ya lo calificó como una “infamia” y los investigadores del caso reconocen que justo en ese tema el testimonio del disidente iraní se vuelve algo oscuro e impreciso, el juzgado quiere avanzar de una vez en el asunto y por eso avaló la visita del fiscal Eamon Mullen a Suiza, quien se reunió –tal como adelantó Diariodeljuicio.com- con varios jueces y funcionarios helvéticos. Según se dijo en todos los medios, Mullen encontró apoyo a la investigación, pero este diario pudo saber que también voló de regreso con algunas dudas. Parece que verificó en el terreno que para los suizos los dichos de “C” serían todo un problema si llegaran a verificarse. No por Carlos Menem -piensan con lógica que ese es un problema argentino- sino porque dejaría al descubierto que el secreto bancario suizo sirve para que desde allí se financian actividades encubiertas ligadas al terrorismo internacional. “Después del 11 de setiembre, que se diga eso sería un gran problema para nosotros”, dicen que dicen en Ginebra.

MUDO. Es el paródico oximoron con que se lo conoce al locuaz juez Guillermo Tiscornia, que con la experiencia acumulada en el derrotero de las adversidades, hace que el teclado de su computadora sea tan veloz como el ritmo de sus palabras. Esta vez el destinatario de su nuevo contragolpe fue el diputado de Acción por la República Guillermo Cantini, quien la semana pasada tomó parte de la explosiva versión de Enrique Piana, en la que señalaba la supuesta gestión de un familiar del magistrado en su favor, denunciándolo ante la justicia federal. Tiscornia, que al parecer todavía conserva la cualidad de archienemigo de Domingo Cavallo, a diferencia de otros que conciliaron sus entuertos con el ex superministro, ni siquiera esperó que el denunciante ratificara su presentación –seguramente lo hará este miércoles-, y presentó un extenso escrito ante Servini de Cubría, pidiendo que se desestime la denuncia ya que “el ejercicio de la jurisdicción no puede estar supeditado al servicio del montaje de maniobras desestabilizadoras con inocultable intencionalidad política”. Esperemos que Cantini tenga pruebas verdaderas, no sea que le pase lo mismo que a su colega Franco Caviglia cuando le preguntaron con que pruebas contaba al ratificar otra denuncia contra Tiscornia en el juzgado de su colega Vidal Durand, alegando “no, mi denuncia es política”.

alejandro s. williams / dju