¿La "inhabilidad moral" se juzga?

Al cierre de esta edición de Diario Judicial, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámarra de Diputados de la Nación se encuentra tratando los cuatro proyectos para expulsar de la Cámara Baja al actual miembro y ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo Julio De Vido.

De Vido, que cuenta con cinco procesamientos en contra -dos de ellos ya firmes- tuvo un pedido de detención y desafuero en una causa por supuestas irregularidades en la mina de Rio Turbio solicitado por el fiscal Carlos Stornelli, que fue desestimado por el juez, pero ello avivó las llamas en el oficialismo que hoy impulsa su destitución por la causal de "inhabilidad moral" contenida en el artículo 66 de la Constitución Nacional. Desde otros sectores, como el massismo, plantean como alternativa la suspensión de los fueros y el pedido de informes a la Justicia.

Existen solo dos antecedentes en los que se puede basar la Cámara, por lo menos desde la resintauración de la democracia: los de los diputados del Partido Justicialista Angel Luque y Norma Godoy. Ambos lo fueron por declaraciones a la prensa.

El primero fue expulsado en 1991 cuando, en el medio de la conmoción por el asesinato de María Soledad Morales -por el cual fue condenado su hijo Guillermo Luque- dijo que si su hijo hubiese sido el responsable del crimen su cadáver "no hubiese aparecido". "Nos crearon una leyenda como si se tratara de la Cosa Nostra y yo fuera el mismísimo Al Capone” dijo después el legislador catamarqueño, fallecido en 2013.

Godoy, por su parte, fue expulsada de la Cámara en 2002 por ""desórdenes de conducta" luego de insultar a dos periodistas por un informe para el programa "punto doc", "Flaco, ustedes hablan cada cosa que habría que agarrar una Itaka y cag... a balazos", les dijo por teléfono.

Los casos "judicializados"

Los casos más resontantes son los de los represores Domingo Bussi y Luis Patti, cuya negativa de Diputados de tomarles juramento tuvo años de litigio y culminaron con pronunciamienos de la Corte Suprema, que en los hechos no definió su suerte- por ejemplo, en el caso de Bussi se declaró abstracta la cuestión porque en 2007 había culminado el mandato para el que fue electo- sí dejó importantes pronunciamientos por parte de algunos supremos.

El caso que culminó en el dictado del fallo "Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación – Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados" - y que también significó la solución para el caso de Luis Patti, dado que la Corte en 2008 apeló a la misma doctrina para resolver el pedido del ex comisario e intendente de Escobar- se diferencia con el de De Vido dado que se puso en tela de juicio el ingreso de Bussi a la Cámara, y no su expulsión.

Bussi había sido electo como diputado por Tucumán por el Partido Fuerza Republicana por casi cien mil ciudadanos y la Justicia Electoral tucumana le expidió el pertinente diploma, pero Diputados rechazó tomarle juramento "con fundamento en su inhabilidad moral" por su participación en delitos de lesa humanidad

Bussi acudió a los tribunales pero tanto en Primera Instancia como en la Cámara Nacional Electoral se rechazó la acción por considerar que se trató de una "cuestión política no judiciable". En 2001 la Corte intervino, dijo que los tribunales deben expedirse en estos casos y ordenó que se siga el trámite de la causa.

Posteriormente se desestimó nuevamente la demanda lo que fue confirmado por la Cámara Nacional Electoral ya que entendió que no había interés jurídico porque la vacante de Bussi no había sido cubierta. La causa volvió a la Corte que en 2003 obligó a la Justicia a pronunciarse. Lo que finalmente ocurrió, con un postura favorable a Bussi, pero con un problema, en ese momento ya había vencido su mandato.

La causa llegó a la Corte, que en 2007 la declaró abstracta. Pero en un fallo de 52 páginas y a modo de Obiter dicutm, los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni se alarmaron: dijeron que "sostener que existe un poder para rechazar el título de toda persona que viola 'la ética republicana' puede tener consecuencias gravísimas para el mismo sistema que se dice proteger

"Los que hoy se consideran satisfechos porque comparten el criterio de la mayoría, pueden ser afectados por esas decisiones cuando cambien las proporciones. La historia enseña que las mayorías pueden tener momentos en que se aparten del buen juicio y del equilibrio, y en tales casos una persona puede ser excluida porque su comportamiento es contrario a la ética republicana", todo un anticipo.

La Corte siguió alertando: "Una idea confusa en manos de una mayoría podría dar lugar a que una persona sea rechazada porque es anarquista, otra porque es socialista, otra porque se opone a un gobierno dictatorial, otra por motivos religiosos o de género", por lo que admitió que "los riesgos futuros son demasiados y la sabiduría aconseja la abstención".

La disidencia en el caso, en cabeza de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi, apoyó la postura de Diputados, en el entendimiento de que ejerció, dentro del marco concedido por la Ley Fundamental, la atribución exclusiva y privativa que le asigna el artículo 64 de aquélla, que establece que ada Cámara "es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez".

Los mismos argumentos fueron aplicados al caso de Patti, pese a que en este caso todavía no había fenecido su mandato. Sin embargo, debido a que el ex comisario estaba siendo investigado por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, el juez Alberto Suares Araujo pidió su desafuero y la Cámara obró en consonancia con ese pedido.