"Ser abogado en Venezuela es dramático"

Con años de defensa gremial de la abogacía, tanto en Venezuela como en Latinoamérica, presidiendo la Federación Interamericana Abogados, saltó a la arena política de la mano de Leopoldo López (figura de la disidencia venezolana). Fue elegido como diputado ante la Asamblea Nacional y también para el Parlasur por el partido Voluntad Popular. En este reportaje que le concedió a Diario Judicial, Veloz detalla cómo en el contexto de la grave crisis institucional en la que se ve sumergido el país afecta el ejercicio de la profesión: los riesgos a los que se enfrenta un abogado y las dificultades del acceso a la Justicia.

Dju: ¿En qué estado se encuentra hoy en día en Venezuela en materia de respeto por las garantías constitucionales y el Estado de Derecho?

La Carta Democrática Interamericana es un compromiso asumido por los pueblos de toda América desde 2001, y allí se establece que la democracia no son sólo procesos electorales donde la gente define periódicamente quien dirigirá los destinos de una Nación, sino que es mucho más que ello. Democracia es que no haya violación a los Derechos Humanos, Autonomía de los Poderes Públicos y la Carta Democrática pone especial atención a la independencia del sistema Justicia y a la reducción de la pobreza. Esto es lo que definen los pueblos de América. Cuando hay independencia en los sistemas de Justicia, y quienes operan en ello no son "operadores políticos" sino "operadores de la Constitución", hay mejores condiciones para que la gente tenga alimentos, seguridad y que no haya impunidad. Todos los poderes públicos son importante, pero como diría Cantinflas "Hay poderes más importantes que otros". En Venezuela es muy ilustrativo, en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el Gobierno hizo una maniobra para controlar a los magistrados de los 32 cargos en el TSJ, donde se genera todo el andamiaje del sistema judicial. Desde ese lugar se bloqueó a la Asamblea Nacional – el organismo más legitimado, cuyos integrantes han sido elegidos por más de 14 millones de venezolanos-. Dos terceras partes de los parlamentarios venezolanos son de la oposición, y desde la Justicia se bloqueó la Asamblea Nacional. Ahora, la Fiscal General de la República (N. De R. Luisa Ortega Díaz) que participó de todas las iniciativas del ex presidente Chávez, esta siendo bloqueada también por el Tribunal Supremo.

Dju: ¿Se puede graficar como un gobierno del Poder Judicial?

Si. El tema es que la Constitución de Venezuela insertó el Gobierno administrativo y el Gobierno jurisdiccional en un solo escenario. Entonces el Supremo tiene la facultad de designación de los magistrados y de dictar Justicia, a diferencia de lo que ocurre con Argentina, por ejemplo, que tiene el Consejo de la Magistratura. De ahí la importancia de los Sistemas de Justicia en democracia. Es por eso que yo, que dediqué toda mi vida al aspecto gremial de la abogacía, decidí saltar de la arena gremial a la arena política.

Dju: ¿Cuáles fueron los argumentos del Supremo para justificar su decisión?

No va a haber argumentos jurídicos, son hechos de facto. La Asamblea Nacional tiene como funciones legislar, controlar a los otros poderes públicos – que puede ir hasta la destitución de ministros- y también tiene facultades de instrucción penal. Los argumentos fueron una ficción legal por un tema de desacato, que es la sanción para aquella persona que no cumpla con un amparo constitucional. No existe desacato de un órgano, sino de una persona a la que la administración de Justicia le ordena una acción directa o una abstención. Entonces con ese argumento la Sala Constitucional declaró el desacato de la Asamblea Nacional y sobre esa base asumió algunas competencias de la Asamblea. La Asamblea Nacional ha desconocido esas decisiones, y ahora hemos llegado a una fase de desconocimiento de todos los poderes públicos que no se apeguen a la Constitución.

Dju: ¿Cómo es el ejercicio de la abogacía en Venezuela?

Es dramático. Porque las personas que piensan distinto son calificadas de terroristas. Y a nuestros defendidos no se les permite ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Por ejemplo, en el caso de Leopoldo López, no nos permitieron verlo casi por ochenta días. Caracas es la segunda ciudad con mayor inseguridad del mundo y la impunidad está en un 80%. Ello también es responsabilidad de la administración de Justicia, lo que también impacta en el ejercicio profesional.

Dju: ¿A qué problemas se enfrenta un abogado con un cliente detenido a la hora de hacer peticiones a las atoridades?

Cuando hay elementos políticos de por medio ya sabemos lo que ocurre: la Justicia está extremadamente politizada y corrompida. En estos casos es imposible ejercer el derecho propiamente dicho. Para cualquier actuación básica te piden recursos, dinero o algún tipo de favor. No es causal que el 90% de los delitos cometidos en Venezuela estén impunes. O sea, nueve de cada diez personas que cometieron delitos están libres. Eso depende de la administración de Justicia. Otro problema es que los colegios profesionales tienen hasta quince años sin elecciones libres, porque el Consejo Nacional Electoral no se lo permite. Ello implica que no haya renovación de autoridades de los colegios y provoca un caos institucional.

Dju:¿Qué razones ve para que exista tan baja eficiencia en la persecución de delitos?

Cuando la administración de Justicia no está al servicio de la gente y en las distintas esferas- civil, familia, comercial o penal- tiene una finalidad política, y su principal entorno esta dedicado a perseguir disidentes políticos, es evidente que la criminalidad está a sus anchas. El acceso a la Justicia es sólo del 5%. Esto es también porque la gente no cree en la Justicia. Si yo tengo una deuda, una letra de cambio, me sale más caro acceder a la Justicia para intentar cobrarlo que "dejar la cosa asi". En materia penal también, la gente no confía y no denuncia los delitos. Y también se les complica a los pocos que pueden llegar al Tribunal Supremo de Justicia, que es el 4% de la población, ya que el acceso a la Justicia es muy caro. El promedio de un juicio en Venezuela es de cinco años, y si la Justicia se demora no es realmente es Justicia. Se puede considerar que esto es un problema generalizado en América Latina, pero en Venezuela se ha profundizado, porque en la cabeza del Poder Judicial hay actores políticos que no permiten el desarrollo de las instituciones.

Dju: ¿Hoy por hoy que hace un abogado ante esos problemas, sólo se remite a asesorar?¿Litiga?

Se ha disminuido a la mínima expresión el ejercicio profesional. Con un 80% de pobreza, una clase media "empobrecida" y donde los pocos recursos que obtienen son para afrontar los gastos básicos:¿tu crees que van a tener recursos para pagar un abogado?. Hoy por hoy el asesoramiento de un profesional ha sido relegado como prioridad de las familias venezolanas. Por eso la necesidad de poder reinstitucionalizar a Venezuela. Una propuesta de salida para la conflictividad en ambos institucionales puede verse en la mediación prejudicial, que ha tenido avances en el país. Hay una cultura latinoamericana de judicialización de todas las cosas, los colegios de abogados de Venezuela propusimos la conciliación previa en materia Laboral y tuvimos una muy buena experiencia con un 70% de las causas resueltas por la vía de la mediación. ¿Qué pasó con esto? Hubo necesidad de cerrar los Tribunales de Justicia y abrir Tribunales de Mediación. Ese es el nuevo camino de la Justicia en el mundo. La UIBA tiene a mi criterio el programa de mayor importancia en lo que es administración de Justicia, que es el Centro Iberoamericano de Arbitraje. Ahí tenemos que llevar también paz social, porque los sistemas judiciales están colapsados. En Estados Unidos para obtener una audiencias a veces hay que esperar hasta 6 meses. Cuando el aparato judicial es tan costoso la sociedad tiene que buscar mecanismos alternos para solucionar los conflictos, pero no hacer justicia por mano propia. Es necesario que esos mecanismos sean democráticos, que estén dentro de los parámetros de respeto a las garantías constitucionales, como juez natural, debido proceso, derecho de defensa. Este nuevo mecanismo que propone hoy Carlos Andreucci como nuevo presidente de la UIBA va a ser la Justicia del día de mañana. Es el primer eslabón de una serie de mecanismos de administración de justicia.