El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio económico financiero del 2018. La previsión de gastos encendió otra vez el debate sobre el manejo y distribución de los recursos.
El Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio económico financiero del 2018, el cual asciende los $30.828.044.061 de pesos.
La previsión de gastos fue aprobada sin sobresaltos, aunque los consejeros entablaron una discusión sobre el manejo y distribución de los recursos del Poder Judicial, dado que gran parte de ese monto se destinará a sueldos.
El presupuesto estima la creación de 5.176 cargos, que se sumarían a los 19.219 agentes de la estructura actual. El total surge de los pedidos realizados por los juzgados de todo el país y las necesidades de los tribunales a habilitar creados por ley y aquellos en proceso de ocupación.
Puntualmente, el consejero-juez Luis María Cabral advirtió que la estructura de las dependencias judiciales "no ha variado" en los últimos años a pesar del incremento de la litigiosidad, por ello resaltó la necesidad de contar con más recursos humanos.
Miguel Piedecasas, representante de los abogados de la matrícula federal, explicó que "los cargos que se trasladan al presupuesto derivan de los relevamiento de cada zona", pero aclaró que “los que se proveen, finalmente, son una ínfima cantidad”.
Respecto a las necesidades y recursos, Piedecasas manifestó: “No es cierto que el Poder Judicial tenga un exceso de fondos y tampoco es cierto que sea ineficiente porque tiene exceso personal”.
“El Poder Judicial no se arregla con más personas, sino con una fuerte inversión en tecnología”, sostuvo Piedecasas, pero aclaró: “Administramos recursos escasos”.
En tanto, el consejero en representación del estamento judicial, Leónidas Moldes, afirmó que el anteproyecto “refleja necesidades”, y consideró que en la Justicia “no sobra gente, sino que, por el contrario, la mayor parte de los tribunales tienen escaso personal”.
“Tenemos pendiente una discusión más profunda del mapa judicial y una mejor destruición de los recursos que tenemos, que son insuficientes”, añadió.
En el mismo sentido, la consejera-jueza Gabriela Vázquez reiteró que el organismo "administra pobreza”, y reclamó la modificación de la Ley de Autarquía de Poder Judicial, sancionada en 1990.
El presupuesto será enviado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que junto al suyo, lo remitirá al Poder Ejecutivo para incorporarlos al Nacional, a la espera de la aprobación del Congreso.