El Jurado de Enjuiciamiento se prepara para dar comienzo al juicio político contra el camarista federal suspendido Eduardo Freiler. El proceso será breve y el fallo se daría a conocer a mediados de noviembre. Los antecedentes.
El próximo martes será clave para el camarista suspendido Eduardo Freiler. Ese día el Jurado de Enjuiciamiento dará inicio al juicio político contra el juez, quien está acusado de “mal desempeño de sus funciones” por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas y el supuesto incremento injustificado de su patrimonio.
La audiencia está prevista que comience alrededor de las 9.30 horas, en la sala de Audiencias del Jurado, ubicada en el tercer piso de la calle Libertad 731.
La primera jornada de debate contará con la presencia de Martín Ricardo Di Paola, socio de la financiera Inversora Callao SRL, donde Freiler obtuvo un crédito que no habría pagado. También fueron citados como testigos el titular Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, y el abogado Ricardo Monner Sans, quienes impulsaron las denuncias en el Consejo de la Magistratura.
Según fuentes del organismo, el proceso será breve dado que la mayoría de las pruebas son documentales y ya se encuentran agregadas al expediente. El fallo se daría a conocer a mediados de noviembre, antes de la Feria Judicial de verano.
Ante los rumores de una posible dimisión para evitar la destitución, el camarista federal negó su intención de renunciar al cargo y confirmó que enfrentará el juicio político. “De ninguna manera lo voy a hacer porque sería dar la razón sin pelear y una condena moral", señaló durante una entrevista radial.
La acusación
Las actuaciones se iniciaron por una presentación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se solicitó al Consejo que se tomaran las medidas de investigación para establecer la veracidad de los hechos relatados en una nota periodística publicada en el diario Clarín de agosto de 2016, titulada "Denuncian que juez vive con lujo asiático", en referencia a los bienes del juez y su supuesta "ostentosa vida".
Luego, la entidad realizó una nueva presentación, ampliatoria, en la que sugirió diversas medidas de prueba. De forma paralela, el abogado Monner Sans formuló otra denuncia en la cual solicitó el “enjuiciamiento” del magistrado.
La investigación, que se extendió por varios meses, fue instruida por el diputado nacional del PRO y consejero, Pablo Tonelli, y derivó en la apertura del procedimiento de remoción contra el integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Ahora, Tonelli integrará junto al consejero Miguel Piedecasas la acusación. En diálogo con este medio, el legislador nacional manifestó que espera que el proceso se "desarrolle normalmente" y que el Jurado resuelva a favor de la remoción del magistrado.
“Yo estoy absolutamente convencido de que es un corrupto y, por lo tanto, es malo que integre el Poder Judicial. Debe ser apartado, y el apartamiento debe servir de ejemplo para que todos sepan que no hay impunidad con este Gobierno y con este Consejo de la Magistratura”, sostuvo Tonelli y advirtió: “Vamos a investigar a todos los que tengamos que investigar”.
Según fuentes del organismo, el proceso será breve dado que la mayoría de las pruebas son documentales y ya se encuentran agregadas al expediente. El fallo se daría a conocer a mediados de noviembre, antes de la Feria Judicial de verano.
Los juicios políticos a través del tiempo
En la historia del país se realizaron un total de 58 juicios políticos a jueces federales, de los cuales 45 terminaron en destituciones. Desde 1998 hasta el 2014, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió 22 acusaciones del Consejo de la Magistratura con 17 destituciones y 5 absoluciones. Estos datos surgen de un informe de la Universidad Austral, elaborado por el abogado y profesor Alfonso Santiago.
Otros magistrados decidieron renunciar incluso antes de que el Consejo de la Magistratura resuelva la apertura del procedimiento de remoción y suspensión, tal fue el caso de los jueces Norberto Oyarbide, Carlos Rozanski y Oscar Hergott.
La última vez que organismo dictó un fallo fue en el caso del juez de ejecución penal Axel López, quien fue absuelto por presunto “mal desempeño de sus funciones” al haber concedido la libertad condicional a un hombre acusado de violación, que luego violó y mató a la joven Tatiana Kolodziey, en la provincia del Chaco.
Sin embargo, algunos jueces pegaron el portazo durante la sustanciación del proceso, es decir antes del fallo del Jurado. Esta situación ocurrió con Raúl Reynoso, José Charlín y Luis Montezanti. En este último caso, la renuncia fue aceptada por el Ejecutivo pocas horas antes de que se conozca el veredicto.
Otros magistrados decidieron renunciar incluso antes de que el Consejo de la Magistratura resuelva la apertura del procedimiento de remoción y suspensión, tal fue el caso de los jueces Norberto Oyarbide, Carlos Rozanski y Oscar Hergott.
En diálogo con DJU, el profesor Alfonso Santiago explicó que el Jurado de Enjuiciamiento significó un “avance” respecto del anterior sistema a cargo del Congreso. “Fue uno de los órganos introducidos por la reforma de 1994 con mejor funcionamiento”, señaló.
Además advirtió que la mejor etapa del Jurado se dio entre 2002 y 2006, cuando se concentró la mayor cantidad de acusaciones. Sin embargo, aclaró que el número disminuyó, luego de la reforma introducida por la Ley 26.080.