El proyecto de reforma de la ley orgánica y la renuncia de Gils Carbó pusieron luz de alerta a la otra “pata” del Ministerio Público: la Defensa. La jefa de los defensores oficiales, Stella Maris Martínez, se alejó del conflicto y guardó silencio frente a lo que pueda pasar en su futuro próximo.
La renuncia de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, allanó el camino al Ejecutivo para consensuar en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y avanzar en la designación del reemplazante.
De este modo, el Gobierno nacional aspira a retomar en las próximas semanas el debate del proyecto de reforma del MPF, postergado en octubre del año pasado por falta de consenso. Dicha iniciativa cuenta con dictamen en Diputados y propone entre otras cuestiones limitar el mandato del procurador.
A su vez, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, manifestó ayer que el Gobierno tendrá "antes de fin de año" el nombre para reemplazar a la jefa de los fiscales. El candidato deberá ser sometido a consideración del Senado en sesiones extraordinarias.
La confirmación de la renuncia se haría oficial el lunes a través del Boletín Oficial
Aunque por ahora el Gobierno nacional enfocó su mirada sobre el órgano encargado de la acción de los fiscales, el proyecto de reforma y la renuncia de Gils Carbó puso en luz de alerta a la otra “pata” del Ministerio Público: la Defensa.
Dicho organismo se encuentra a cargo de la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien fue propuesta por el entonces presidente Néstor Kirchner para reemplazar a Miguel Ángel Romero, severamente cuestionado por su desempeño. Su pliego pasó por el Senado sin problemas y fue aprobado por unanimidad.
Martínez, de 66 años, es abogada y licenciada en Criminología en la Universidad de Buenos Aires, se doctoró en Derecho en la Universidad de Salamanca y junto a Gils Carbó es una de las fundadoras de Justicia Legítima y actualmente forma parte de la comisión directiva, según informa la web oficial de la agrupación.
Según datos aportados a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Cámara Baja, el organismo cuenta con 2640 integrantes, 205 magistrados, 881 funcionarios y 1552 empleados.
Un perfil más bajo le permitió mantener una buena relación con la cartera de Justicia, lejos del conflicto entre Gils Carbó y el Gobierno. La jefa de los defensores oficiales no hizo declaraciones sobre la situación de su par y guardó silencio frente a lo que pueda pasar en su futuro próximo.