Otra vez las salidas anticipadas

El femicidio de Abril Bogado el último domingo, tras ser baleada en el marco de un asalto a mano armada en el auto en el que viajaba con su familia generó una ola de indignación colectiva, tras conocerse que el principal imputado por el delito gozaba del beneficio de la libertad condicional pese a tener antecedentes por robo y tentativa de homicidio.

Todas las miradas recayeron en la figura del juez de Ejecución José Nicolás Villafañe, quien le otorgó la libertad condicional a José Edgardo Echegaray Biel, alias 'Pepito', sindicado como el presunto autor del crimen. Según consta en el incidente de libertad asistida de Echegaray Biel, la condena por robo calificado y homicidio en grado de tentativa que se le había impuesta quedaba agotada en julio de 2018, y pese a que el Departamento Técnico Criminológico de la Unidad n° 18 – donde estaba alojado- destacó la inconveniencia de que el condenado sea incluido en el régimen de Libertad Asistida, el magistrado optó por incorporarlo.

Según la Ley de Ejecución Penal de la Provincial, la libertad asistida permitirá al condenado el egreso anticipado y su reintegro al medio libre seis meses antes del agotamiento de la pena temporal.

Teniendo presente que Echegaray Biel contaba con salidas transitorias desde 2014, Villafañe igualmente concedió el beneficio y su decisión fue luego ratificada por la Cámara de Apelaciones de La Plata, que con votos de  los jueces Ricardo Szelagowski, Gustavo Marcos y Alejandro Villordo, rechazó el recurso presentado por el fiscal Beatriz Castellanos, que actuó en el expediente.

En su resolución, los camaristas habían apuntado que los informes que obran en la causa “no justifican el rechazo del beneficio solicitado” ya que el peticionante “posee conducta ejemplar 10” y “no recibió sanciones disciplinarias, no participó en motines, ni en fugas”.

Por los jueces o por las leyes

Pese al anuncio efectuado por el procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, respecto de que se va a estudiar si Villafañe “cumplió con los pasos” necesarios para el otorgamiento de las salidas, las leyes de ejecución ampararían, en principio, la decisión del magistrado. Algo similar a lo sucedido con el juez de Entre Ríos Carlos Rossi, quien en un caso similar firmó la libertad condicional de Carlos Wagner, autor del femicidio de Micaela García – delito por el cual fue recientemente condenado a prisión perpetua-.

Rossi fue fuertemente criticado por su decisión, incluso por el presidente Mauricio Macri, para quien no se puede tener “ese tipo de jueces”. En la misma sintonía el ministro de Justicia, Germán Garavano, apuntó contra la “cuestión ideológica” que se encuentra detrás de las decisiones de estos magistrados y que no sería otra que el “garantismo penal”, por la cual el mundo de estos jueces es el de las personas detenidas “y se olvidan del resto de la sociedad y las víctimas”.

Por esa polémica decisión, en el consejo de la Magistratura de Entre Ríos se acumularon ocho pedidos de juicio político a Rossi, todos los cuales se encuentran en estudio por parte del Cuerpo.

No obstante, varios magistrados pusieron paños fríos al asunto al asegurar de que Rossi contaba con elementos para fallar de esa manera. En abril de este año, la vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, afirmó que no creía que pueda prosperar un pedido de juicio político de ese tenor, y que puede pasar "que haya un informe favorable al imputado y que igual suceda algo así, un femicidio", además de reconocer que el imputado "iba a salir en libertad en no mucho tiempo más, un año y medio quizá".

Una encuesta de Diario Judicial realizada en el mes de abril da cuenta de que casi el 70% de quienes participaron en la misma opinan que el problema está en la legislación y no en la decisión de los jueces: un 39% señaló que la liberación de estos condenados obedece al propio sistema de ejecución penal, que “debe ser reformado”, mientras que el 29% opinó que el juez Rossi actuó “de acuerdo a la ley”. Por el contrario, el 32% restante apuntó directamente contra el magistrado.

En ese contexto, el gobierno de María Eugenia Vidal impulsa una reforma en la normativa local para limitar la concesión de salidas. De aprobarse, la nueva redacción pasaría a impedir las salidas asistidas “a aquellos condenados por homicidio simple y homicidio agravado” – y también su tentativa, además de los delitos como “lesiones gravísimas agravadas por alevosía o por violencia de género; delitos contra la integridad sexual; y privación ilegal de la libertad coactiva", lo que acotaría el margen de maniobra de los jueces de ejecución, aunque no se descartan hipotéticos planteos de inconstitucionalidad.