El dirigente, cuyo sindicato tiene 90 mil afiliados, está acusado de transferir ilegalmente fondos de Pemex al Partido Revolucionario Institucional(PRI) en el 2000 para su campaña electoral.
En ese sentido, se informó que por estos días en el Congreso se está estudiando un pedido del procurador federal con el fin de lograr despojar a Romero, congresista por el PRI, de sus fueros legislativos para que de ese modo se lo pueda juzgar.
Asimismo, desde la procuraduría se informó que el juez rechazó el pedido de protección en el cual Romero , entre otras cosas, afirmaba que no se le había dado el debido “acceso a las actas de la investigación”.
Además, el comunicado informó que Romero pidió las actas sin presentarse a prestar declaración como “manda la ley” y agregó que entonces el juez determinó que los derechos constitucionales de Romero “no fueron violados” en ningún momento.
El presidente Vicente Fox acusó a los sindicalistas de tratar de extorsionar al gobierno en su lucha contra la corrupción, ya que en los último días convocaron a realizar un paro con el fin de pedir aumento de salarios.