La Justicia porteña hizo lugar a una cautelar por el traslado provisorio de varios establecimientos educativos a un galpón mientras se realizan las obras del nuevo polo educativo, ubicado en el barrio porteño de Retiro. El fallo hizo hincapié en la normativa en materia edilicia y de seguridad.
La Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a una cautelar contra el GCBA por la relocalización provisoria de varias instituciones mientras se realizan las obras del nuevo polo educativo, en el barrio porteño de Retiro.
La causa se inició a raíz del proyecto para la construcción del denominado “Polo Educativo Padre Mugica”, destinado a “renovar y ampliar las instalaciones educativas” del barrio. Por la obra, el Ministerio de Educación porteño resolvió la relocalización, para 2018, de varios establecimientos educativos hasta que se construya el nuevo edificio.
Sin embargo, la comunidad educativa rechazó el traslado de los ciclos inicial y primario a un "galpón" que ocupaba una concesionaria de automóviles, entre un depósito y una sede de la Policía Metropolitana.
Los actores entendieron que dicho espacio es un “lugar totalmente inadecuado para llevar adelante actividades educativas, además de inseguro y de difícil acceso”. Además señalaron el "incumplimiento" de la normativa vigente en materia de infraestructura, arquitectura escolar, evacuación y simulacros.
En los autos “T. E. P. y otros contra GCBA sobre Amparo”, la Justicia en lo CAyT de la Ciudad hizo lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenó al Gobierno porteño a que informe el plazo total de finalización del proyecto, el cual deberá ajustarse a las previsiones del Código de Edificación y cumplir con la normativa en materia edilicia y de seguridad.
“Deberá garantizar el acceso a la institución de forma segura desde los diversos accesos y las diferentes avenidas que lo circundan, a través de la implementación de ´corredores seguros´ o cualquier otra medida que considere apta a esos fines, debiendo contemplar además custodia policial desde una hora antes del inicio de las actividades escolares y hasta una hora después de culminadas”, señaló y añadió: “El plazo de finalización de los trabajos proyectados deberá contemplarse con antelación suficiente al inicio del ciclo lectivo (…)”.
También deberá acreditar el mismo número de vacantes que había en estas escuelas, así como el acceso al servicio de transporte y de traslados, que deberá encontrarse disponible en cualquier momento mientras dure la construcción de las obras.