Peritos traductores públicos e intérpretes denuncian graves dificultades para percibir sus honorarios. Los profesionales decidieron elevar sus reclamos ante la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.
Sin duda, la figura del perito traductor e intérprete es cada vez más significativa en el mundo judicial, y cobra especial importancia a la hora de traducir exhortos, leyes aplicables, notificaciones internacionales y toda otra documentación, como así también en las intervenciones en casos de oralidad.
Sin embargo, los peritos denuncian graves dificultades para percibir los honorarios. Como parte del reclamo, los profesionales presentarán una nota ante la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura de la Nación.
“(…) Solicitamos la inmediata derogación de la Resolución 339/2016 y, en consecuencia, se proceda al inmediato pago de los honorarios por parte del Estado, a todos los peritos traductores públicos e intérpretes designados de oficio en causas penales”, argumentaron los profesionales en el texto.
En dicha resolución, el Consejo de la Magistratura aprobó el “Reglamento de Notificación de Honorarios de Peritos, Traductores e Intérpretes”, el cual dispone que en todas las causas judiciales del ámbito penal en las que el Poder Judicial de la Nación pudiera resultar obligado al pago de honorarios, los jueces deberán notificar las regulaciones al Cuerpo.
Este reglamento nos convierte arbitrariamente en víctimas de un perjuicio inaceptable e irreparable, pues para cobrar nuestros honorarios debemos esperar la condena en costas y luego realizar un juicio ejecutivo al condenado, sin saber si éste es solvente o no.
Según el texto, los jueces deben verificar que el traductor ha "cumplido efectivamente con la labor encomendada que haya resultado útil para el desarrollo del juicio”. Los magistrados también deben “acompañar la resolución judicial que se expide sobre la condena en costas si esta se hubiera dictado y el auto regulatorio de honorarios del perito, traductor o intérprete”.
Además dispone que deben "acreditar la situación procesal de la causa”, en especial si se dan en la misma “insolvencia del condenado en costas, rebeldía de quien pudiera resultar condenado en costas y de su imposibilidad de notificación, absolución del imputado e inexistencia de querellante que resulte y/o pueda resultar condenado en costas y cuando la persecución penal no pudiere proseguir y se proceda al archivo de las actuaciones”.
“Este reglamento (…) nos convierte arbitrariamente en víctimas de un perjuicio inaceptable e irreparable, pues para cobrar nuestros honorarios debemos esperar la condena en costas y luego realizar un juicio ejecutivo al condenado, sin saber si éste es solvente o no y sin haber podido siquiera pedir medidas cautelares previas a nuestro trabajo que aseguren un bien que pueda ser ejecutable para cobrar nuestros honorarios”, expresaron los profesionales en la nota.
La petición remarcó la situación crítica que viven los profesionales a quienes se les adeudan honorarios. “Los meses pasan y los procesos inflacionarios (…) van carcomiendo el dinero que por derecho nos corresponde”, advierte la presentación.
Y concluye: "Esta resolución, especialmente en materia penal, que instrumenta un sistema de cobro al vencido en costas civil, aplicando otro código de procedimiento es un pretexto que intenta solventar los costos de la instrumentación de la Justicia, especialmente en el plano de la penal internacional, sobre el eslabón más débil de la cadena de trabajo: el perito traductor".
Perla Klein, traductora pública en idioma hebreo y abogada, explicó el grave escenario que atraviesan los profesionales quienes tienen honorarios –regulados y firmes-, pero "demorados" en la Dirección de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura (DAF), con la consecuente "depreciación por inflación".
En diálogo con Diario Judicial, Klein destacó la importancia del trabajo que realizan y afirmó: “El juez sin nuestra participación no va a poder investigar y la Justicia termina trabada”. Esta situación se agrava en los idiomas donde hay pocos peritos ya que gran parte de los profesionales "no están dispuestos a intervenir en causas" ante las graves dificultades para percibir los honorarios.