La Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Martin Irurzun y Eduardo Farah, ratificó 23 de los 34 procesamientos dictados por el juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa en la que se investigan los hechos violentos acaecidos el pasado 14 de diciembre en las inmediaciones del Congreso Nacional, cuando se estaba debatiendo dentro del recinto el proyecto de reforma previsional. La Cámara encuadró los hechos dentro del delito de atentado a la autoridad, agravado por la intervención de tres o más personas, descartando de esa manera tipificar los hechos como intimidación pública. "El punto de partida resulta el de diferenciar a quienes mediante marchas populares, reuniones callejeras u otra forma similar de peticionar a las autoridades y trasuntar su malestar ejercen sus derechos constitucionales de quienes cometen otros actos delictivos –como el de daños o lesiones, por ejemplo-, por fuera de esa hipótesis", puntualizaron los camaristas, que también revocaron los procesamientos de otros once imputados, por falta de pruebas.