22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Del embarazo al despido y del despido a la indemnización

El GCBA deberá indemnizar a una trabajadora despedida durante su segundo mes de embarazo. La Justicia porteña señaló que se trató de un caso de violencia laboral y discriminación contra la mujer.

El titular del Juzgado Nº 18 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Marcelo López Alfonsín, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por una exempleada de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno porteño, quien fue despedida mientras cursaba el segundo mes de su embarazo.

En los autos  “G. O. F. Contra GCBA y otros  sobre  Empleo Público (No Cesantía ni Exoneración)”, el juez condenó al ente estatal a abonar indemnizaciones por despido agravado por embarazo y por daño moral.

En el caso, la mujer fue cesada en sus funciones como dependiente de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), dependiente del Ministerio de Ambiente del GCBA. El organismo argumentó que fue “por razones de reorganización interna y con el objetivo de maximizar el rendimiento operativo del área”.

El sentenciante especificó que “las declaraciones testimoniales demuestran que el cambio en la estructura”, que alegó la demandada “no ocurrió en los hechos”.

Sin embargo, la trabajadora consideró que se trató de un acto administrativo "discriminatorio" por “conocer la administración al tiempo de su dictado que se encontraba embarazada”.

En este escenario, el juez determinó que “la decisión de cese de la actora en sus funciones se vinculó con su situación de embarazo, constituyendo un caso de violencia laboral y de discriminación contra la mujer y, por ende, comprendido bajo las previsiones del artículo 1° de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios”. 

El sentenciante especificó que “las declaraciones testimoniales demuestran que el cambio en la estructura”, que alegó la demandada “no ocurrió en los hechos”.

“La prueba aportada por la actora genera claros indicios de discriminación por su estado de embarazo (…)”, sostuvo el magistrado y concluyó: “(…) En la APRA conocían el estado de embarazo de la actora y que el cese de la actora no se trató de un caso aislado, sino que exponen que en la misma época habían echado a otra trabajadora que también se encontraba embarazada”.



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