La hora de la reforma laboral

El Gobierno nacional intentará por segunda vez impulsar una reforma laboral que, entre sus puntos más polémicos, propone la modificación del cálculo de las indemnizaciones por despidos.

Se trata de tres iniciativas enviadas al Senado que apuntan a la regularización de trabajadores no registrados, a la creación de una agencia nacional de evaluación de tecnología de la salud y a la conformación de un sistema de prácticas formativas de los estudiantes. Los textos fueron girados a las comisiones y comenzarán a discutirse la próxima semana.

Así, el Congreso volverá a tratar la reforma laboral, después de un intento fallido en diciembre último. En aquella oportunidad, el Gobierno decidió postergar la discusión por algunos meses con la excusa de evitar una confrontación con los integrantes de la oposición.

Puntualmente, el proyecto sobre blanqueo incluye una modificación del cálculo de las indemnizaciones por la que no se tendrían en cuenta premios, bonos ni el sueldo anual complementario (SAC). El Gobierno propone además la creación del Fondo de Cese Laboral Sectorial.

“Con el fin de superar divergencias interpretativas respecto de los conceptos que integran la base salarial de cálculo del artículo 245 de la LCT, se propone la exclusión de aquella del sueldo anual complementario, de los premios y/o bonificaciones y de toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador”, fundamenta la propuesta.

Al despedir sin causa a un trabajador, el empleador deberá abonar una indemnización "equivalente a un mes de sueldo por cada año deservicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor".

La iniciativa también despertó voces a favor y en contra entre los propios abogados. Algunos creen que podría traer más problemas que soluciones; mientras que otros letrados afirman que el proyecto es “inconstitucional” ya que “ataca derechos adquiridos y viola el principio de progresividad de los derechos sociales”.

Y añade: “Dicha base no podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad”.

También señala que “para los trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables se toma en consideración el promedio de las comisiones o remuneraciones variables devengadas durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor”.

El proyecto cayó como un baldazo de agua fría en el ámbito sindical. Tal es así que CGT emitió ayer un documento donde rechaza las modificaciones a la legislación laboral por entender que “atentan contra los derechos individuales de los trabajadores y disminuyen las indemnizaciones laborales”.

“Ante tanta incertidumbre económica y social, el Gobierno impulsa nuevamente reformas laborales que disminuyen las indemnizaciones por despido y socavan el orden público laboral a favor de los empresarios volviendo más desiguales las relaciones laborales", señala el comunicado.

La iniciativa también despertó voces a favor y en contra entre los propios abogados. Algunos creen que podría traer más problemas que soluciones; mientras que otros letrados afirman que el proyecto es “inconstitucional” ya que “ataca derechos adquiridos y viola el principio de progresividad de los derechos sociales”.

En tanto, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, señaló que el proyecto “plantea una reducción de las indemnización del despido sin causa” ya que la modificación de la base de cálculo "repercute en el resultado final”.

“Parece contradictorio que una ley que se promueve para generar empleo, empiece abaratando el despido”, sostuvo Cremonte en diálogo con DJu.