Tensión en Tribunales Penales por la presencia de al menos seis casos de tuberculosis. Reclamos del Colegio de Abogados y el Gremio Judicial a la Corte y el Consejo de la Magistratura. Se prepara un plan de contingencia. Preocupación en la Asociación de Magistrados.
Alerta sanitaria en el seno de la Justicia Penal Nacional y Federal de la Ciudad de Buenos Aires tras la constatación de al menos seis casos de tuberculosis por parte de empleados y funcionarios judiciales.
Según pudo saber Diario Judicial, el primer caso registrado se dio hace aproximadamente tres meses, en el Juzgado Criminal y Correccional nº 30, sito en el Palacio de Justicia, en un contexto en el que una empleada del Juzgado le tomó una declaración indagatoria a un imputado que estaría afectado por esa enfermedad, que había sido detenido en el día, en el marco de un caso de flagrancia-. Algo similar acaeció en el Juzgado nº 43, sito en Comodoro Py y, según lo informado por el gremio judicial, en el Juzgado Federal Nº7.
Ante esa situación, los cuerpos que ejercen la función de superintendencia pusieron manos a la obra. Este medio pudo saber la Cámara del Crimen elaborará un protocolo para el traslado de detenidos “con enfermedades infectocontagiosas". Además, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, presidido por el juez de Casación Federal Gustavo Hornos, pidió al Servicio Penitenciario Federal informes sobre “planes de prevención y vacunación contra la tuberculosis y otras enfermedades”.
Se consensuó entre la UEJN, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema efectuar un plan de concientización que incluirá “folletería y capacitación a los trabajadores”.
La propia Casación, además, le exigió al Consejo de la Magistratura la “reubicación” de las dependencias ocupadas por “organismos no federales”, entre los que estarían el Juzgado de Instrucción nº 43.
Preocupación y reclamos
En un comunicado, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal expresó “su más profunda preocupación” ante la verificación de casos “en el marco del Poder Judicial de la Nación”, con mayor énfasis “ante rumores de que los mismos serían producto de contagio proveniente de los detenidos”.
El CPACF exigió que se efectúen los test a detenidos y empleados y, llegado el caso, proveer “de manera urgente la profilaxis para prevenir la propagación de una enfermedad que se encontraba casi erradicada de la República Argentina”.
El texto, firmado por el presidente Eduardo Awad y su ex titular y actual vocero Jorge Rizzo resalta que dicha circunstancia “pone en riesgo a los abogados, jueces, detenidos, funcionarios y personal del PJN” y hace necesaria “la inmediata intervención del Consejo de la Magistratura Nacional, del Sr. Ministro de Justicia, y del Servicio Penitenciario Federal”.
El CPACF entiende que todos esos actores deben, de manera conjunta con las autoridades sanitarias, realizar los test a detenidos y empleados y, llegado el caso, proveer “de manera urgente la profilaxis para prevenir la propagación de una enfermedad que se encontraba casi erradicada de la República Argentina”.
A su turno, la Asociación de Magistrados y Empleados de la Justicia Nacional (AMFJN) manifestó “su honda preocupación” ante la aparición de casos de tuberculosis, en agentes de la Justicia Penal Nacional y Federal, “por presumible contagio de los internos con los que tratan a diario”.
La entidad, comandada por Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero solicitó a los órganos que “deben velar por la salud y seguridad de quienes trabajan en esta jurisdicción”, que tomen “los recaudos necesarios para resguardarla”. El principal apuntado fue el Servicio Penitenciario Federal al que le exigieron que se cumpla con el “Protocolo contra el contagio de la Tuberculosis con personas privadas de su libertad”.
“Esta Asociación se pone a disposición de los familiares de los afectados y requerirá por los canales institucionales, incluido el Ministerio de Salud de la Nación, la adopción de medidas urgentes al respecto”, reza el texto, al que accedió Diario Judicial.
En otro comunicado, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación informó que a raíz de los casos instó una serie de reuniones para poner en marcha un “plan de Intervención y atención” de enfermedades infectocontagiosas.
El gremio comandado por Julio Piumato detalló que sus autoridades se reunieron el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, con el director de Medicina Preventiva de la Corte Suprema, Ignacio Parrá y con la ART del Poder Judicial, y de lo surgió la decisión de efectuar un plan de concientización que incluirá “folletería y capacitación a los trabajadores”.El pedido fue presentado formalmente también ante la Corte en el día de ayer, 4 de julio de 2018,
“Se empezó a delinear un mapa de sectores de la justicia expuestos a factores de riesgo que ameritan un control periódico de la salud a cargo de la ART”, señala el comunicado, que recalca que en principio, los destinatarios del control serán los trabajadores del fuero penal. La misma estrategia se aplicará en relación con los Ministerios Públicos.