Ganancias, una batalla que no terminó

Con eje en el debate por el Presupuesto 2019, la Unión Cívica Radical (UCR) impulsará una iniciativa para que todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de las provincias tributen Ganancias.

El proyecto ingresará en las próximas horas al Congreso, confirmaron fuentes del partido político. El texto plantea una modificación a la Ley 20.628, para extender el tributo a todos los empleados, funcionarios y magistrados.

“Nos encontramos en la actualidad con una notoria disparidad en cuanto a la carga fiscal de los ciudadanos reflejada en que parte de los funcionarios, magistrados y empleados señalados no tributan impuesto a las ganancias sobre las rentas obtenidas por el trabajo personal, como sí lo hacen los demás trabajadores contenidos en la cuarta categoría”, señala la propuesta en sus fundamentos.

El diciembre de 2016, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.346, la cual modificó el régimen tributario y estableció que “los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive”.

La normativa quedó en el medio de una batalla en el fuero Contencioso Administrativo Federal, que finalmente limitó los alcances a todos aquellos que ingresen a partir del 1 de enero de 2017 y exceptuó a los que formaban parte del Poder Judicial antes de la modificación tributaria.

La expectativa se centra en el rol de la Corte Suprema de Justicia  por una medida cautelar que eximió de pagar el impuesto a ciertos magistrados y funcionarios, y limitó los efectos de la Ley 27.346. El Alto Tribunal tiene en sus manos el expediente y podría fallar antes del comienzo de la Feria Judicial.

Según la iniciativa, la obligación de tributar impuesto a las ganancias “no afecta de ninguna manera a las bases constitucionales de la tributación”, como así tampoco a la “garantía de intangibilidad de la remuneración de los magistrados”. Sin embargo, advierte que se encuentran “vulnerados los principios constitucionales de igualdad tributaria e igual remuneración ante igual tarea”.

“En los tiempos actuales, en el cual el país necesita de la colaboración de todos sus habitantes, especialmente de los miembros de los poderes del Estado, admitir esta excepción resulta avalar no sólo una discriminación arbitraria respecto de los demás ciudadanos sino convalidar privilegios de un pequeño sector de la sociedad que lejos está de lograr la tan preciada equidad social y justicia”, concluye.

A pedido de la Asociación de Magistrados, el ministro de Justicia, Germán Garavano, negó posibles modificaciones al régimen legal vigente en materia impositiva. Dentro del Gobierno prevalece la posición a favor de que los funcionarios paguen el impuesto, ya que la excepción le impide al Estado recaudar este año 7.337 millones de pesos, pero reconocen que avanzar con el proyecto aumentaría la tensión entre las partes.

El panorama tampoco es favorable dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación, dado que los nuevos representantes del estamento judicial ya se pronunciaron en contra. A su vez, las asociaciones gremiales se encuentran en “estado de alerta” bajo el lema: “El salario no es ganancia”.

El rol de la Corte

La expectativa se centra en el rol de la Corte Suprema de Justicia  por la medida cautelar que eximió de pagar el impuesto a ciertos magistrados y funcionarios, y limitó los efectos de la Ley 27.346. El Alto Tribunal tiene en sus manos el expediente y podría fallar antes del comienzo de la Feria Judicial.

Todas las miradas se dirigen al nuevo presidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien se manifestó a favor del pago del tributo. A esta posición se suman los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorezetti, lo que podría inclinar la balanza a la hora de la definición.