La Fiscalía General de Córdoba dispuso la creación de cinco nuevas sedes de la Policía Judicial. Es por las dificultades generadas por la demora del cuerpo cuando es convocada para colaborar en hechos ocurridos en el interior de la provincia. “La mayor proximidad con el abordaje del lugar del hecho, incrementa sustancialmente las posibilidades de obtener prueba”, argumentan.
Por medio de la Resolución FG N° 6 /18 el fiscal general de Córdoba, Alejandro Moyano, resolvió crear cinco sedes de Policía Judicial en el interior provincial, en las ciudades de San Francisco, Villa María, Río Cuarto, Deán Funes y Villa Dolores.
La decisisón se adoptó luego de observar la actual distribución de trabajo de la policía científica del MPF, que sólo cuenta con una sede en la Capital, en cuanto a los recursos humanos, materiales, y la relación de prestación del servicio “en el interior y la ciudad capital de la Provincia”.
En ese contexto, el Fiscal General ponderó que, en la actualidad, la policía científica trabaja en forma centralizada desde la sede de la ciudad de Córdoba, “donde se encuentra el personal técnico que conforma equipos de trabajo interdisciplinarios para acudir al lugar donde se ha cometido un hecho delictivo”. Estos mismos equipos – agrega la resolución- intervienen a requerimiento de los Fiscales de Instrucción, tanto en la Capital como en el interior.
“La definición y preparación de los especialistas, como la del material e instrumental necesario y, fundamentalmente, su traslado, conlleva un inevitable lapso de tiempo hasta que la intervención científica efectivamente se materializa, impactando negativamente en el tratamiento criminalístico del escenario"
El problema se da cuando la policía científica es convocada por los Fiscales del Interior para colaborar en un hecho, lo que implica que un equipo técnico se traslade desde la ciudad de Córdoba hasta el lugar requerido.
“La definición y preparación de los especialistas, como la del material e instrumental necesario y, fundamentalmente, su traslado, conlleva un inevitable lapso de tiempo hasta que la intervención científica efectivamente se materializa, impactando negativamente en el tratamiento criminalístico del escenario, ya sea para la pronta seguridad perimetral del lugar, el levantamiento del cuerpo –en su caso-, la recolección de la prueba, su conservación y posterior traslado a fin de su procesamiento”, reconoce Moyano.
Según surge del texto de la resolución, el arribo del equipo al lugar del suceso, “suele ocurrir con importantes demoras, dependiendo ello de la ubicación geográfica, la disponibilidad de equipos y morgueras, las condiciones climáticas y los horarios de solicitud de la cooperación técnica”, lo que se traduce en una situación que “genera malestar en la ciudadanía, que afecta, además de lo referido en el párrafo anterior, la imagen y credibilidad en la administración de justicia”.
La solución ante ellos, señalan desde el Ministerio Público Fiscal, es una mayor proximidad con el abordaje del lugar del hecho, lo que “incrementa sustancialmente las posibilidades de obtener prueba y, consecuentemente, potencia la probabilidad de esclarecimiento de los hechos”.
Sobre esa base, el Fiscal General considera “oportuno” afrontar la problemática “dando una respuesta estatal más eficiente frente a las necesidades que evidencia el interior de la provincia, en lo que a la tarea de la policía científica del MFP respecta”.
“Concretamente, considero necesario y oportuno el comienzo de un proceso de descentralización del servicio de la Policía Científica del MPF en el interior de la provincia”, sintetizó.