En ese expediente se investigaba si el senador Emilio Cantarero, uno de los más comprometidos en las supuestas coimas, se enriqueció ilícitamente. Esa causa tramitaba por separado ante el juez federal Jorge Urso, quien se declaró incompetente y la remitió a su colega quien se la devolvió por entender que no existe “conexidad” con su causa.
En su escrito, los fiscales federales Freiler y Delgado admitieron que la resolución de Canicoba Corral no es apelable, pero estimaron que es “improcedente” que el juez rechace esa investigación “máxime teniendo en cuenta el particular caso de Emilio Cantarero que confesó el hecho a la cronista del diario La Nación Fernanda Villosio”.
Los fiscales recordaron que el senador salteño le propuso a la periodista “un cómplice silencio” mediante una nota que, se acreditó pericialmente, “fue producida en una de las impresoras ubicadas en el despacho” de Cantarero.
La denuncia por enriquecimiento ilícito contra Cantarero se comenzó a instruir en medio del escándalo por las supuestas coimas, luego que La Nación revelara la admisión del senador ante la cronista, lo que lo colocó en el centro de la lupa periodística.
Así se supo que Cantarero había admitido, en la única declaración jurada que presentó durante su mandato en la cámara alta, propiedades por dos millones de pesos en su provincia.
En la causa principal, hace pocos días, la Cámara Federal le otorgó un plazo de 60 días a Canicoba Corral para realizar medidas de prueba que se encuentran pendientes. Este juez tiene el expediente desde agosto de 2001 cuando el entonces juez federal Gabriel Cavallo -ante quien tramitaron las actuaciones tras la renuncia de Carlos Liporaci- fue ascendido a camarista.
Una de las medidas que tiene pendiente Canicoba es resolver la situación de una docena de legisladores a quienes Liporaci -en uno de sus últimos actos como magistrado- dictó la "falta de mérito" el 29 de diciembre de 2000.