La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación será la encargada de la capacitación obligatoria en género para el Poder Judicial. Así lo establece el acuerdo firmado este jueves con el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Con el objetivo de hacer cumplir la "Ley Micaela", la Oficina de la Mujer, perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, firmó un acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y el Consejo de la Magistratura de la Nación y será la encargada de realizar las capacitaciones en género para todos los miembros del Poder Judicial.
Del acto participaron el presidente y la vicepresidenta del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, Fabiana Túñez, directora ejecutiva de INAM, y Ricardo Recondo, presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación.
La autoridad de aplicación de la ley es el INAM y todas las capacitaciones se darán a través del Taller de Perspectiva de Género diseñado por la Oficina de la Mujer que dirige la ministra Highton de Nolasco.
Durante la firma del convenio, Rosenkrantz habló de la importancia de la incorporación obligatoria de los talleres de género en toda la estructura del Poder Judicial. “Estamos trabajando sobre la presuposición de que podemos cambiar las prácticas, la cultura y, en definitiva nuestra conciencia”, expresó y adelantó que participará en el dictado de los primeros talleres.
Las autoridades resaltaron que desde hace una década, la Oficina de la Mujer brinda cursos y talleres de capacitación en perspectiva de género que fueron validados por el Sistema de Naciones Unidas y declarados como “buena práctica” por la Organización de los Estados Americanos.
La autoridad de aplicación de la ley es el INAM y todas las capacitaciones se darán a través del Taller de Perspectiva de Género diseñado por la Oficina de la Mujer que dirige la ministra Highton de Nolasco.
Por su parte, el Consejo de la Magistratura de la Nación “promoverá el dictado de este taller en todas las dependencias de su jurisdicción y establecerá los mecanismos apropiados para garantizar el cumplimiento de la ley”, conforme surge del convenio mencionado.
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género "para todas las personas que integran los tres poderes del Estado". Cabe destacar que esta norma establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos los niveles y jerarquías en los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo.