La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Guatemala por no investigar posibles amenazas y presiones indebidas contra una jueza que investigaba causas de trascendencia pública.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Guatemala por no investigar las amenazas que sufrió la magistrada María Eugenia Villaseñor Velarde, derivadas del cumplimiento de sus funciones cuando investigaba casos relacionados a graves violaciones de derechos humanos por parte de militares y policías.
El fallo señaló que el país condenado "no garantizó el derecho a la integridad personal de la señora Villaseñor, que se vio afectado en relación con su independencia judicial, y que el Estado violó sus derechos a las garantías y protección judiciales”.
“Distintas fuentes indican que durante la década de 1990 y al menos hasta 2012, existió en Guatemala una situación de inseguridad respecto de operadores de justicia, quienes podían verse expuestos a diversos actos de intimidación o agresión relacionados con su función”, advirtió la resolución.
La Corte fue contudente y resaltó que, si bien el Estado guatemalteco le brindó protección a la damnificada entre 1994 y 2013, cuando se desempeñó como jueza, no investigó hechos ocurridos en 1994 cuando enfrentó actos de intimidación ni situaciones de peligro que sufrió en años posteriores.
Villaseñor relató todo comenzó luego de investigar el asesinato de la antropóloga Myrna Mack en 1990, luego de que rindiera un informe sobre tierras arrasadas y el éxodo indígena y campesino durante el conflicto armado interno. Si bien estuvo poco tiempo relacionada a ese caso como jueza de primera etapa, logró avances y recolección de indicios, pese a que superiores suyos le ordenaron no hacerlo.
La jueza denunció que desde ese entonces fue víctima de allanamientos en su domicilio, amenazas de muerte, intento de secuestro a su hija, secuestro a uno de los agentes policiales que resguardaba su domicilio, robos de información personal, entre otras cosas.
Para los miembros del Tribunal, “quedó acreditado que el Estado tuvo conocimiento de todos los hechos señalados como intimidatorios por diversos medios, inclusive distintas presentaciones y denuncias efectuadas por la jueza en el ámbito interno".
“Distintas fuentes indican que durante la década de 1990 y al menos hasta 2012, existió en Guatemala una situación de inseguridad respecto de operadores de justicia, quienes podían verse expuestos a diversos actos de intimidación o agresión relacionados con su función”, advirtió la resolución.