El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal salió a condenar “los ataques de las ART” a la labor de los profesionales del derecho. Fue porque las aseguradoras habrían sugerido que los trabajadores no concurran con letrado a hacer el trámite ante las Comisiones Médicas.
Bajo el título “el CPACF otra vez condena los ataques de las ART” el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal publicó un comunicado cuestionado la actitud de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo de publicitar “la concurrencia del trabajador ante las Comisiones Médicas sin la presencia de un abogado de confianza”.
Según la entidad presidida por Eduardo Awad, se trata de un abuso de la buena fe “de aquel que ha sufrido un accidente en ocasión de su actividad laboral”. El CPACF criticó que las aseguradoras informen que el trabajador “podrá contar con un abogado, si así lo decidiere, en forma gratuita cuyos honorarios serán abonados por la ART”.
“Es decir que el trabajador, quien ya se encuentra en estado de indefensión absoluta, toda vez que su siniestro es evaluado y cotizado por profesionales médicos que no están autorizados para ello sino que, además, el abogado que protegería sus intereses sería aquel que tiene relación de dependencia con la ART que deberá abonar su siniestro”, critican desde el organismo que nuclea a más de 100 mil profesionales del derecho.
Desde la entidad también salieron al cruce de las acusaciones a los letrados, que son siempre “sindicados como los responsables del quebranto empresarial y la ausencia de inversiones”
El CPACF indica que hay un conflicto de intereses que “expone a los profesionales a sanciones de carácter ético” conforme el Código de Etica de Abogados que prevé la ley 23.187, y también “vulnera la garantía consagrada en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional impidiendo que el trabajador cuente con un asesoramiento y defensa adecuados a sus intereses”.
Desde la entidad también salieron al cruce de las acusaciones a los letrados, que son siempre “sindicados como los responsables del quebranto empresarial y la ausencia de inversiones”. Por el contrario, los abogados aseguran que en realidad “es el altísimo porcentaje de empleo no registrado, el incumplimiento sostenido y sistemático de las obligaciones a cargo de los empleadores y de la falta de políticas de Estado serias y eficientes para erradicar estos flagelos, lo que haría descender drásticamente el número de expedientes iniciados en el fuero del Trabajo”.
A su vez, el comunicado denuncia que la “verdadera razón de la lentitud de la Justicia” se centra “en la cantidad de vacancias existentes y que deben ser cubiertas por el PEN, la ausencia de espacio físico y recursos humanos para responder a la creciente demanda de Justicia, la obsolescencia de los códigos procesales y la ausencia de voluntad política para resolver todos estos problemas”.
“Y la verdadera razón de la multiplicidad de reclamos en materia laboral se centra en un control deficiente de las condiciones de trabajo paupérrimas a las que se somete a los trabajadores”, agrega.