En el marco de una actividad académica, el CPACF impulsó una mesa redonda para debatir sobre el lenguaje inclusivo en la Justicia. Las voces a favor, la postura de la RAE y la denuncia contra la jueza Elena Liberatori por incorporarlo a sus fallos judiciales.
“¿Qué es lo que molesta tanto del lenguaje inclusivo? ¿Qué es lo que incomoda?”. Estas preguntas fueron el puntapié inicial de una actividad académica que se desarrolló en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y que tuvo como eje central el uso del lenguaje inclusivo en la Justicia.
“Niñes”, “abogades”, “todes” y “trabajadorxs”, son algunas de las formas de expresión que, poco a poco, comenzaron a ganar terreno dentro de las sentencias. Cada vez son más los jueces y las juezas que se animan a incorporar el lenguaje inclusivo mediante la utilización de la “e”, la “@” y la “x”.
Ana Casal, psicóloga y coordinadora del Plan Senda de Justicia y Mujeres en Situación de Violencia del Consejo de la Magistratura porteño, analizó algunas de las críticas más frecuentes en las redes sociales y remarcó la postura de aquellos que consideran que se trata de "una pavada". “Si fuera algo tan superficial y superfluo no provocaría tanto enojo”, alegó Casal durante el encuentro organizado por la Comisión de Derecho y Política de Gestión y la Coordinación de Actividades Académicas del CPACF.
“La lengua acompaña las transformaciones sociales y siempre es dinámica”, sostuvo y advirtió: “No hay un grupo que le pueda imponer a otro el uso del lenguaje inclusivo, pero tampoco nadie puede censurar su utilización. Veo enormes resistencias a su expansión, y la realidad es que esta expansión se produce porque hay algo en la sociedad que lo está requiriendo".
A su turno, la jueza penal del Colegio de Jueces del Interior de Neuquén, Leticia Lorenzo, llamó a la reflexión sobre la práctica profesional del derecho. “Les abogades hemos generado una jerga elitista, encriptada, excluyente e incomprensible como una forma de ejercicio totalmente arbitrario del poder. El uso del lenguaje inclusivo es una de las muchas aristas sobre las que creo que debemos reflexionar desde el ejercicio de nuestra profesión”.
Lorenzo fue pionera en el empleo del lenguaje inclusivo en sus sentencias, como así también en las intervenciones durante las audiencias. “Se trata de ampliar, respetar, reconocer y generar relaciones de poder igualitarias y no arbitrarias”, esgrimió y añadió: “Hay una reconfiguración del poder”.
En septiembre último se conoció una de las primeras sentencias dictadas con lenguaje inclusivo. Se trata de una causa por la falta de vacantes en los colegios porteños, donde la jueza Elena Liberatori introdujo términos como “maestres” y “niñes”. Esta decisión desencadenó la denuncia de un abogado, quien solicitó la destitución de la magistrada por considerarla “peligrosa” para el Poder Judicial al haber reemplazado vocales que marcan el género.
Otro de los ejes del encuentro fue la postura de la Real Academia Española (RAE) y las objeciones. En este sentido, la academia alegó, entre otras cuestiones, que “el español ya dispone de un mecanismo inclusivo: el uso del masculino gramatical, que, como término no marcado de la oposición de género, puede referirse a grupos formados de hombres y mujeres y en contextos genéricos o específicos”.
Casal se mostró crítica respecto a la posición de la RAE y alegó: “La lengua no es de las academias ni de la RAE. La lengua es de les hablantes, y les hablantes son quienes tienen la posibilidad de transformarla. Siempre va a ser un terreno de experimentación y de creación. Van a existir tensiones, pero eso no quiere decir que no se pueda transformar”.
A pesar de la oposición de la RAE, ya son varias las universidades e instituciones educativas que aprueban su utilización, como el caso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que, a través del Consejo Directivo, decidió autorizar el lenguaje inclusivo en cualquier producción académica en carreras de grado y posgrado.
Por su parte, María de los Ángeles Baliero, asesora general tutelar adjunta de menores e integrante de la Red Mujeres para la Justicia, destacó el rol de las mujeres dentro del servicio de justicia, y manifestó: "Sería discriminatorio que el lenguaje inclusivo fuera prohibido, censurado o castigado".
La “e” de la polémica
En septiembre último se conoció una de las primeras sentencias dictadas con lenguaje inclusivo. Se trata de una causa por la falta de vacantes en los colegios porteños, donde la jueza Elena Liberatori introdujo términos como “maestres” y “niñes”. Esta decisión desencadenó la denuncia de un abogado, quien solicitó la destitución de la magistrada por considerarla “peligrosa” para el Poder Judicial al haber reemplazado vocales que marcan el género.
Liberatori opinó que la denuncia trasunta un "pensamiento arcaico" y se relaciona directamente con su condición de mujer. “Conozco sentencias de colegas hombres y que no están siendo denunciados”, concluyó.
La denuncia fue presentada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Las actuaciones fueron giradas a la Comisión de Acusación y Disciplina, donde los consejeros deben expedirse sobre su eventual admisión o rechazo. Como parte de las medidas preliminares, el órgano solicitó un dictamen a Diana Maffía, a cargo Observatorio de Género en la Justicia.
Sobre la sentencia, la titular del Juzgado N°4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario explicó que decidió incorporar el lenguaje inclusivo a partir de un precedente judicial de la provincia de Salta, en el cual se reconoció la identidad autopercibida de una niña de 10 años. "La utilización módica que hice del lenguaje inclusivo fue deliberada para hablarle a toda la comunidad educativa”, argumentó y se preguntó: "¿Qué es lo peligroso? ¿Tener en cuenta a les otres?”.
Liberatori opinó que la denuncia trasunta un "pensamiento arcaico" y se relaciona directamente con su condición de mujer. “Conozco sentencias de colegas hombres y que no están siendo denunciados”, concluyó.