Según un documento sobre el vínculo entre el acceso a los derechos y la desigualdad social, relevó que gran parte de las personas que tuvieron conflictos judicializables no hicieron la denuncia.
El Ministerio de Justicia presentó el informe “Acceso a Justicia y condiciones de desigualdad social”, elaborado en conjunto con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). El documento arroja datos estadísticos que permiten medir el vínculo entre el acceso a los derechos y la desigualdad social.
Los resultados se refieren a los problemas jurídicos, las necesidades jurídicas, la satisfacción con los resultados obtenidos y las necesidades jurídicas insatisfechas, las denuncias, y la violencia de género. Para la elaboración del informe se indagaron 5722 hogares particulares. Se desprende que un 20 por ciento de los encuestados, o sus familiares, han enfrentado en los últimos dos años conflictos difíciles de resolver, y que podrían derivar en problemas legales.
Casi el 70 por ciento de ese porcentaje buscó ayuda o acudió a una institución, mientras que el 22 por ciento no hizo nada y casi un 8 por ciento intentó resolverlo por su cuenta. Sobre este punto, el 25,9 por ciento buscó asesoramiento de un abogado privado y el 23,3 por ciento acudió a otra oficina u organismo del Estado. El 17,2 por ciento acudió a una institución de servicios legales o personal de justicia.
Gran parte sufrió problemas vinculados con la inseguridad (50,4%). También se registraron problemas económicos, familiares y vinculados con los derechos sociales. Tras recibir la ayuda buscada, el 62 por ciento se declaró “insatisfecho” con los resultados obtenidos en relación con el conflicto.
"El estudio muestra una cruda radiografía de la realidad. Desde el Estado y la sociedad civil hacemos un esfuerzo enorme para que las personas, especialmente las más vulnerables, puedan hacer valer sus derechos. Pero los datos nos a obligan a replenatar estrategias, pensar nuevas formas de abordaje y corregir otras para llegar a los que más dificultades tienen", destacó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, durante la presentación del documento.
El informe relevó que el 53,6 por ciento de las personas que tuvieron conflictos difíciles de resolver no hizo la denuncia correspondiente. Esta conducta se acrecienta en el conurbano bonaerense y ciudades del interior, generalmente en hogares con carencias.
El documento es una ampliación de la “Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas Insatisfechas y Niveles de Acceso a la Justicia”, que presentó el Ministerio de Justicia, donde recopila datos sobre las insuficiencias del sistema judicial y las posibilidades que tienen los ciudadanos para satisfacer sus necesidades jurídicas.
El porcentaje de las personas con necesidades jurídicas insatisfechas aumenta en el conurbano bonaerense y en grandes áreas metropolitanas y disminuye considerablemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La insatisfacción se reduce cuando se recurre a un abogado privado.
“Esta dimensión del acceso a la justicia civil es necesaria para que las personas puedan redirigir sus quejas, accedan a sus derechos, y para la realización de una agenda más amplia de desarrollo sostenible. Sin la inclusión de mediciones sobre el acceso a la justicia civil será un desafío aún mayor lograr el monitoreo global requerido para acortar la brecha del acceso a la justicia” indicó.
El documento es una ampliación de la “Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas Insatisfechas y Niveles de Acceso a la Justicia”, que presentó el Ministerio de Justicia, donde recopila datos sobre las insuficiencias del sistema judicial y las posibilidades que tienen los ciudadanos para satisfacer sus necesidades jurídicas.