La Comisión del Migrante de la DGN señaló un importante incremento de las demandas judiciales, y recursos por expulsiones tras la aprobación y aplicación del DNU 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones.
En el Día Internacional de las Personas Migrantes, la Defensoría General de la Nación (DGN) informó sobre el trabajo desarrollado por el órgano y el aumento exponencial en la cantidad de casos que llegaron a sede administrativa y judicial por la expulsión de personas.
Según datos de la Comisión del Migrante, en 2016 la oficina presentó 84 demandas judiciales; en cambio, en 2019 llegaron a ser 523. Esas peticiones se incrementaron más del 500% tras la aprobación y aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional modificó la ley de Migraciones.
Asimismo, en 2019 los recursos extraordinarios o quejas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por expulsiones ascendieron a 332, cuando en 2016 fueron sólo 19. En 2019 se presentaron en total 1392 recursos, que abarcan demandas judiciales, recursos extraordinarios, quejas y apelaciones. Ese número, sin contar la feria judicial, equivaldría a 126 recursos por mes o a cinco recursos por cada día hábil del año.
En un informe alternativo que la DGN presentó ante el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas (CMW), se denunciaron la situación y las afectaciones del debido proceso.
El informe ante el CMW dio lugar a la recomendación del Comité al Estado argentino para que “derogue toda medida que efectiviza la aplicación del Decreto 70/2017, dado que su contenido es claramente contrario a los mandatos de la Convención”.
El órgano también destacó la delicada situación de las mujeres denominadas “mulas”, quienes son expulsadas por infracciones a la Ley de Estupefacientes “sin tener en consideración su situación de extrema vulnerabilidad, o la posibilidad de que en realidad sean víctimas de trata de personas en la modalidad de trabajo forzoso”.
El documento también hizo hincapié en las cuestiones de género ligadas a la situación de las personas migrantes. En 2018, la Defensoría brindó asistencia en 125 casos en los que mujeres madres o abuelas enfrentaban procesos de expulsión. De ese total, 107 corresponden a casos de madres con hijos argentinos, once a madres con hijos no argentinos y siete a casos de abuelas a cargo de sus nietos.
En 32 casos, además, se trató de familias monoparentales y algunas de esas madres habían sido víctimas de violencia doméstica y las órdenes de expulsión también fueron confirmadas "sin tener en consideración sus situaciones particulares". Varios de estos casos se encuentran recurridos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El órgano también destacó la delicada situación de las mujeres denominadas “mulas”, quienes son expulsadas por infracciones a la Ley de Estupefacientes “sin tener en consideración su situación de extrema vulnerabilidad, o la posibilidad de que en realidad sean víctimas de trata de personas en la modalidad de trabajo forzoso”.