Se discutió en Comisiones el proyecto de ley para otorgarle facultades extraordinarias al Ejecutivo para renegociar la deuda. Los especialistas confirmaron que solo se negociará con los montos regidos por la ley extranjera y las pautas estarán enmarcadas bajo la Ley de Administración Financiera.
El subprocurador del Tesoro Nacional, Sebastián Soler y el asesor legal del Ministerio de Economía, Cristian Dellepiane, acudieron hoy al plenario de comisiones de Presupuesto y Finanzas de la Cámara de Diputados a debatir sobre proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública externa, que el oficialismo busca que se apruebe mañana.
Interpelados principalmente por legisladores de la oposición, Soler explicó que la autorización que el gobierno desea adquitir estará “sujeta a ciertas pautas que el Ejecutivo deberá respetar cuando lleve adelante la negociación”, y entre esas pautas mencionó que “el universo de deuda a reestructurar es acotado y determinado: solo la deuda regida por ley extranjera, principalmente de Nueva York e Inglaterra”.
Los especialistas destacaron que la negociación estará regida por leyes extranjeras, para aquellos bonos emitidos bajo esa legislación y bajo los lineamientos de la Ley de Administración Financiera, que apunta a una mejora conjunta de monto, tasa y plazo.
Sobre la competencia, los expositores informaron que “los títulos públicos a reestructurar ya tienen incorporada la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales extranjeros y se rigen por ley extranjera”.
“El Estado argentino, tanto en 2005 y 2010 como en las emisiones posteriores a 2016, incluyó la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes”, detallaron y, por lo tanto, “este proyecto replica exactamente esas cláusulas contractuales”, ya que de lo contrario habría “consecuencias jurídicas”.
“Esta reestructuración se va a llevar adelante con ventajas importantes respecto a la situación del gobierno que debió reestructurar la deuda en 2005”, ya que en ese momento se exigía el consentimiento unánime de los bonistas, y como consecuencia, los bonistas que decidieron no participar -entre ellos, los fondos buitre- resolvieron litigar contra la Argentina reclamando el pago íntegro en los términos contractuales originalmente pactados", sostuvo Dellepiane.
Los especialistas destacaron que la negociación estará regida por leyes extranjeras, para aquellos bonos emitidos bajo esa legislación y bajo los lineamientos de la Ley de Administración Financiera, que apunta a una mejora conjunta de monto, tasa y plazo.
Por último, Soler y Dellepiane destacaron que para llevar adelante este tipo de negociaciones “no hace falta una ley, pero es aconsejable y prudente que haya una ley”. Al respecto, agregaron: "conveniencia para la República de enviar este proyecto, no solo por el mensaje hacia el exterior, sino porque una vez que el proyecto entra en este ámbito, se transforma en política de Estado y no en una mera política del Gobierno”.