El gremio de los judiciales presentó, con la firma del diputado José Ramón, un proyecto alternativo de reforma de la ley 24.018. Se busca incluir a la totalidad de agentes del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Público al régimen especial, para multiplicar el ingreso de aportantes y así garantizar la sustentabilidad del sistema.
La ley 27.541, oficialmente denominada Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, abrió el debate sobre la sustentabilidad del Régimen especial de Jubilaciones y Pensiones para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial previsto en la ley 24.018.
Como se sabe, el viernes pasado el Gobierno nacional presentó el proyecto de ley para modificar el régimen especial de jubilaciones de jueces, fiscales y defensores. Inmediatamente, el texto recibió críticas y objeciones por parte de funcionarios y asociaciones del sector.
El proyecto del oficialismo aumenta gradualmente la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años. También incrementa los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio y aumenta en un 7% los aportes adicionales, pasando del 11% al 18%. Fuentes del Congreso dudan que el proyecto sea tratado antes de la apertura del período ordinario, ya que el texto todavía no recibió formalmente giro de comisiones
Frente a la polémica, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó, con la firma del diputado nacional José Ramón, un proyecto alternativo de reforma de la ley 24.018, el cual, según explicaron, busca “dotar de igualdad y sustentabilidad al sistema”.
El objetivo del proyecto es la inclusión de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Público al régimen de la ley 24.018. Según los fundamentos de la iniciativa, esta medida permitirá el ingreso de una “importante cantidad de aportes adicionales al sistema, de modo tal de contribuir al financiamiento de las jubilaciones que se pagan en la actualidad”.
En la actualidad, más de 30 mil agentes prestan servicio en juzgados y tribunales de todo el país. En lo que respecta a los empleados el Poder Judicial de la Nación, la planta cuenta con 6800 agentes en las categorías de funcionarios públicos – prosecretarios y secretarios-, aportantes activos al régimen de la ley 24.018. A esta cifra se suman alrededor de mil magistrados en actividad, quienes también aportan a dicho régimen.
La iniciativa también detalla la necesidad de adecuar la edad jubilatoria y el porcentual del aporte, para “darle mayor sustentabilidad al sistema en el tiempo”.
El resto del personal – más de 22 mil agentes- aportan al régimen general previsto en la ley 24.241. “Dicho universo, que es la base activa de aportante al sistema previsional de la ley 24.018, es tan solo el 20% del total de la planta del Poder Judicial de la Nación. Nuestra propuesta es incorporar el 80% restante, que representa al universo de empleados, a fin de ampliar la base de aportantes en cuatro veces la actual y así poder sanear el déficit actual y darle sostenibilidad en el tiempo al régimen especial”, señala el texto que ingresó a la Cámara de Diputados.
La iniciativa también detalla la necesidad de adecuar la edad jubilatoria y el porcentual del aporte, para “darle mayor sustentabilidad al sistema en el tiempo”. Sobre este último punto, el texto advierte que “los agentes que ingresan a trabajar al Poder Judicial, lo hacen mayormente –más del cincuenta por ciento- dentro de la franja etaria que oscila entre los 18 y los 25 años”, por lo que el “empleado judicial que hace toda su carrera dentro de la justicia, cuenta con mayor cantidad de aportes –promedio de 40 años- al momento de solicitar el beneficio jubilatorio, excediendo ampliamente incluso los años de haberes exigidos por ley”.
La propuesta detalla que, del total de los agentes, en los estratos de empleados y funcionarios, las proporciones de personal próximo en edad para poder acceder al beneficio jubilatorio “son menores” frente al estrato de los magistrados, quienes además suelen continuar en el ejercicio de la magistratura aun estando en condiciones de jubilarse.
“Este dato es muy importante tenerlo presente, siendo que la composición etaria de los nuevos aportantes empleados es mucho más joven, y serán quienes sostengan a las nuevas generaciones de pasivos, contando con muchos más años para sanear el déficit y lograr un equilibrio y beneficio para todos”, concluye el proyecto.