El Ejecutivo desclasificó archivos secretos vinculados al atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, su encubrimiento y delitos conexos.
A través del decreto 213/2020, el Poder Ejecutivo otorgó carácter público a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, su encubrimiento y delitos conexos
La desclasificación incluye los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, como también la totalidad de los datos y documentación existente en todas las dependencias de la Administración Pública Nacional.
En 2015, mediante el decreto 395/2015, la ex presidenta Cristina Kirchner ya había dispuesto la desclasificación de documentación identificada por la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado contra la sede de la AMIA y se instruyó a la AFI a remitir a esa Unidad "toda otra nueva documentación, informe o archivo que no hubieran sido aportados" a la causa. Dos años después, durante el Gobierno de Mauricio Macri, se resolvió la desclasificación de material no alcanzado por la medida anterior.
Estas desclasificaciones hicieron que haya miles de papeles, escuchas y videos en un depósito que no cumple con los requisitos necesarios para el resguardo de pruebas del atentado.
“Pese a los numerosos antecedentes normativos, persisten en la actualidad diversos obstáculos para un acceso pleno al derecho a la información y a la verdad por parte de las víctimas y familiares del atentado ocurrido en el año 1994 y su encubrimiento”, fundamenta el decreto publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
El decreto también invita a todas las Provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a dictar normas “para garantizar la publicidad” referida.
Según los fundamentos del decreto, “el derecho a la verdad implica la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos, así como también de garantizar el acceso a la información relativa a ellos que se encuentra en instalaciones y archivos estatales”.
La medida aclara que mantener clasificaciones de seguridad de carácter no público “resulta contrario a la búsqueda de la verdad”, por lo que determina “imperioso comenzar un trabajo definitivo sobre la información relacionada al atentado y su encubrimiento”.
El decreto también invita a todas las Provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a dictar normas “para garantizar la publicidad” referida.