Con escarceos estratégicos entre ellos, la UEJN y la AMJN, encaran caminos distintos en la ancha avenida del reclamo frente a la implementación del nuevo régimen jubilatorio. Las internas entre los diferentes sectores y los litigios que se vienen.
Se cumplió un mes de la promulgación el nuevo “Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación”. La norma trajo consigo importantes cambios e impactó de lleno en la actividad al modificar, entre otras cuestiones, la edad para acceder al haber y la alícuota del aporte personal.
La presentación del proyecto por parte del Ejecutivo, y su posterior aprobación por el Congreso, desencadenó la inmediata renuncia de docenas de jueces y fiscales. Sin embargo, el gremio de los judiciales y el sector de los magistrados no se dieron por vencidos y se encuentran analizando diversas estrategias. Tampoco descartan iniciar acciones judiciales, por considerar que el nuevo régimen genera “graves perjuicios”.
Sin embargo, el tema dejó a la luz la grieta entre los sectores, la cual se acrecentó durante la feria judicial extraordinaria por las diferentes posturas respecto a la modalidad de trabajo y la reanudación de la actividad.
En la misma semana en la que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional se cruzaron dardos por la advertencia del gremio judicial en orden a que “no admitirá que se convoque a ningún agente y/o se lo presione para efectuar tareas dentro de las dependencias”, delegando a los funcionarios de rango dentro de la administración de justicia la misión de ir y buscar expedientes para llevarlos a las casas a fin de trabajar de forma remota - entre otros puntos- también sumaron fuerzas en contra del nuevo régimen que modifica su situación previsional.
No importaron los cuestionamientos a las “patrullas sanitarias” de la UEJN que realizaban controles en tribunales para ver quienes habían sido convocados a prestar tareas, ni los reproches de los jueces multitasking que hacen tareas de limpieza, diligenciamiento de oficios, vistas y pases por parte de los jueces; ni las críticas a los tribunales por estar " a contramano de la salud" y los anuncios de denuncias contra magistrados "que mediante presiones o amenazas de sanción" convoquen a los empleados a prestar tareas dentro de las dependencias, efectuado por el gremio. Todos unidos contra la reforma jubilatoria.
En este sentido, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación reclamó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se incorporen las categorías intermedias excluidas entre prosecretario administrativo y secretario de Juzgado. También requirió un suplemento compensatorio salarial del 10% -independiente del reclamo de la pauta salarial- para todos los agentes.
“Quienes sufrieron la baja deben ser compensados, de la misma forma que debe reconocerse a quienes siguen siendo discriminados de acceder a una jubilación digna”, señaló el gremio mediante un comunicado.
Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) informaron que se encuentran elaborando un "informe actuarial sobre los efectos de la reforma", próximo a ser entregado, el cual se sumará a un análisis jurídico de dos estudios de especialidad previsional y constitucional.
El gremio liderado por Julio Piumato se opuso desde el primer momento al proyecto impulsado por el Gobierno nacional y presentó su propia iniciativa para ampliar el alcance de la Ley 24.018 a todos los judiciales -Poder Judicial y Ministerios Públicos-, con un aporte del 15%, garantizando el 82% móvil y manteniendo la base de cálculo del haber inicial.
Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) informaron que se encuentran elaborando un "informe actuarial sobre los efectos de la reforma", próximo a ser entregado, el cual se sumará a un análisis jurídico de dos estudios de especialidad previsional y constitucional.
A su vez, la entidad avanza en el análisis de “cursos de acción" en materia del impacto general de la reforma, como así también de los perjuicios concretos a cada uno de los sectores de asociados activos y adherentes.