El juez que lleva adelante el proceso concursal de Vicentín resolvió restituir al directorio privado de la empresa y los interventores del gobierno actuarán como veedores. El magistrado sostuvo que había que adoptar medidas, de lo contrario "se precipitaría la quiebra de la empresa en crisis"
El Juzgado Civil y Comercial de Reconoquista, Santa Fe, a cargo de Fabián Lorenzini, falló a favor del pedido del directorio de Vicentín y dispuso que la empresa siga al mando de sus “administradores naturales” por 60 días y que los interventores designados por el Poder Ejecutivo Nacional actúen solo como “veedores controladores”.
El magistrado dispuso, con carácter de medida autosatisfactiva y previa prestación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la ultima Asamblea Ordinaria de Accionistas, "continúen ejerciendo las funcionespara las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma"
La decisión se dictó en el marco de una demanda interpuesta por los directivos de la empresa santafesina que pretendía, además, la declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el gobierno para poder realizar la intervención. Al respecto, el magistrado se declaró incompetente para entender dicha cuestión.
El fallo sostiene que la intervención dispuesta por el gobierno "ha signado el proceso concursal en una suerte de impasse que amenaza con afectar negativamente su giro comercial y actividad industrial, con el consiguiente riesgo de una paralización de sus actividades".
Para Lorenzini, “los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la ultima Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”.
Por lo tanto, “no estamos en un proceso falencial en sentido estricto, con desapoderamiento efectivo del patrimonio de la concursada sino, antes bien, en concurso preventivo en el cual los administradores continúan al frente de la empresa, bajo la vigilancia de la sindicatura", entendió el juez.
El fallo sostiene que la intervención dispuesta por el gobierno "ha signado el proceso concursal en una suerte de impasse que amenaza con afectar negativamente su giro comercial y actividad industrial, con el consiguiente riesgo de una paralización de sus actividades".
"No es posible dudar acerca de que, si no fueran adoptadas las medidas tendientes a recomponer este escenario de crisis, muy posiblemente se precipitaría la quiebra de la empresa en crisis"
En esa línea, agregó que “la preservación de dicho patrimonio y su correcta administración constituye una tarea de indudable magnitud y complejidad que recae en cabeza de los integrantes del órgano societario encargado de la administración”.