El proyecto de reforma judicial logró la media sanción en el Senado y diferentes instituciones se pronunciaron. Críticas a la falta de implementación del modelo acusatorio y de modificaciones al Consejo de la Magistratura, pero aval al traspaso del fuero Criminal y Correccional. El jefe del gremio de los judiciales, Julio Piumato, sostuvo que la medida no resuelve la emergencia de la justicia ni las necesidades del pueblo argentino.
El proyecto de reforma judicial impulsado por el Poder Ejecutivo de la Nación logró hoy la media sanción en el Senado y, si bien fue celebrado por algunos sectores, también cosechó voces en contra que no tardaron en aparecer.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) emitió un fuerte comunicado donde sostuvo que "si bien nadie puede negar a esta altura que reformar el sistema federal inquisitivo —con Comodoro Py como su máximo estandarte— es una de las grandes deudas de la democracia, lo cierto es que tampoco nadie esperaba que finalmente se avanzara sobre un proyecto que viene a profundizar viejas estructuras coloniales y a desoír muchos de los reclamos históricos de la ciudadanía en torno a la reforma del sistema de administración de justicia penal".
El presidente del gremio de los judiciales, Julio Piumato, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su disconformidad y sostuvo que la reforma es un proyecto inconducente que "no resuelve las necesidades del pueblo argentino ni la emergencia judicial actual que padecemos".
Para el INECIP, el proyecto "se constituye a todas luces como un claro freno hacia la verdadera reforma", ya que dilata la implementación del sistema acusatorio mientras que obstaculiza sus futuras posibilidades de éxito. "La dilata ya que establece un injustificado plazo de 2 años para su entrada en vigencia y la circunscribe a los tribunales de la Capital Federal, en vez de establecer un plazo límite para todo el país, cuando ya todas las normas necesarias se encuentran sancionadas desde el año 2015", remarcaron.
"El error de concepción del proyecto empaña otras iniciativas valorables que sí incluye, como el traspaso final de competencias desde la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, una deuda que la Justicia lleva más de 26 años sin saldar", profundizaron desde la entidad.
Por otra parte, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), remarcó que el proyecto deja fuera uno de los aspectos más preocupantes del actual funcionamiento del Consejo de la Magistratura y que refiere a la forma en la que se encuentran regulados y se llevan a cabo los procesos disciplinarios.
En esa línea, agregaron que "la falta de un control efectivo y permanente es una de las principales causales de los preocupantes hechos que observamos con frecuencia en relación a la gestión de las y los jueces y sus niveles de independencia. Sin un sistema disciplinario transparente y efectivo, este tipo de herramientas seguirán siendo utilizadas para presionar o favorecer autoridades judiciales según las necesidades de las mayorías de turno".
La ACIJ presentó un informe extenso con propuestas para todos los puntos de la reforma que puede ser consultado en su página web.
El presidente del gremio de los judiciales, Julio Piumato, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su disconformidad y sostuvo que la reforma es un proyecto inconducente que "no resuelve las necesidades del pueblo argentino ni la emergencia judicial actual que padecemos".