El CPACF reclamó mayor participación de los abogados, magistrados y trabajadores en el debate de la reforma judicial. También formuló una serie de propuestas sobre las necesidades en materia tecnológica, traspaso, Consejo de la Magistratura y Corte Suprema.
La reforma judicial del Gobierno pasó su prueba de fuego por el Senado y ahora será el turno de la Cámara de Diputado, donde se prevé un cronograma de debates y presentaciones de juristas, especialistas e invitados, lo que demandaría al menos un mes, según fuentes del Congreso.
En este escenario, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) remitió nota a la Comisión Asesora del Presidente de la Nación en materia de reforma del Poder Judicial y se quejó de la escasa participación que se ha dado a abogados, magistrados y al gremio. Asimismo, el presidente de la entidad, Eduardo Awad, y Jorge Rizzo decidieron no participar de esta exposición por considerar que 10 minutos “no son solo insuficientes para abordar el tema, sino casi una mera formalidad”.
En la nota, el Colegio señaló la “necesidad de una reforma judicial seria, integral y superadora con la participación de todos los actores involucrados en la administración de justicia” que debe “recuperar la credibilidad del Poder Judicial; dirigirse a una real y efectiva independencia de los magistrados y; sobre todo y como fin último, el mejoramiento de los procedimientos a efectos de aminorar sus tiempos, tender a su modernización de acuerdo a la realidad de los nuevos sistemas informáticos y el abaratamiento del acceso a la justicia”.
De este modo, la entidad advirtió que la reforma debe tener presente las “novedades tecnológicas que se han venido incorporando en estos tiempos”, y resaltaron la necesidad de invertir. “El procedimiento debe ser aggiornado a la informatización que nos exige el siglo XXI y tender en lo máximo posible a su oralidad”, indicó en el documento.
En dicho sentido, también sugirió que en la reforma incluya la "exigencia a todos los Entes Públicos, Privados, Asociaciones Civiles y Sociedades, a que denuncien un domicilio electrónico en el que resultarán válidas todas las comunicaciones, incluso la notificación de la demanda y la sentencia definitiva". Además, reclamó que se estudie la manera dejar en el pasado los “arcaicos mandamientos, oficios y/o cédula formato papel”.
En otro orden de temas, la institución rechazó el punto relativo al traspaso de la justicia penal nacional a la ciudad de Buenos Aires, y estimó: “No mejorará la situación de los justiciables. Generará clientelismo y dependencia de los jueces que actúen en dicha competencia, todo ello sin perjuicio de su más que dudosa constitucionalidad”.
Respecto a la introducción de reformas a la estructura del Consejo de la Magistratura, la entidad opinó que el órgano “ha fracasado rotundamente” ya que “no nombra a los mejores jueces ni remueve a los peores”.
En cuanto a la posible reforma de la Corte, el CPACF afirmó que “no se trata de una cuestión numérica sino de la calidad, independencia y variación ideológica de sus integrantes”. Solicitó, entre otras cuestiones, establecer la “obligatoriedad de sus fallos para todos los tribunales inferiores” y “encorsetar y determinar firmemente el concepto de arbitrariedad”.
“Creemos que una reforma integral del Poder Judicial debería determinar los tiempos procesales concretos en los que debería fallar la CSJN. Así se evitarían los cajoneos y las demoras por razones políticas que, si bien no están escritas en ninguna norma jurídica, todos sabemos que existen”, resaltó la institución.
Respecto a la introducción de reformas a la estructura del Consejo de la Magistratura, la entidad opinó que el órgano “ha fracasado rotundamente” ya que “no nombra a los mejores jueces ni remueve a los peores”. “Ha sido cooptado por la política partidaria la que incluso, se ha devorado a los representantes de los estamentos técnicos, léase abogados, jueces y académicos quienes terminan al servicio voluntario de los representantes de la política partidaria”, alegó el Colegio y propuso nuevamente que los diputados y senadores “no deben formar parte del mismo sino que deben ser sus representantes no legisladores”.
Aseguró, asimismo, que los integrantes del Consejo de la Magistratura “deberían contar taxativamente con título de abogado, con un ejercicio profesional mínimo acreditado no inferior a 10 años y, antecedentes intachables”, y reclamó que el estamento de los jueces y los representantes de la abogacía “recuperen una representación estamentaria adecuada con la letra y el espíritu del artículo 114 de la Constitución Nacional”.