El Banco de la provincia de Río Negro recibió una sanción por entregar dinero de cuentas judiciales a personas que no estaban habilitadas para extraer esos fondos.
El agente financiero de la provincia de Río Negro fue multado en dos expedientes por entregar dinero de cuentas judiciales a personas que no estaban habilitadas para extraer esos fondos. En estas cuentas estaban depositados recursos para hijos e hijas que ya habían cumplido la mayoría de edad, por lo que judicialmente se había bloqueado el retiro de dinero a sus progenitores.
Según se detalla en los expedientes, una de las multas fue porque la entidad entregó por ventanilla fondos de una cuenta judicial a una persona que estaba judicialmente inhabilitada para recibir ese dinero, y la otra se impuso por la repetición de esa misma irregularidad, en otro expediente, a pesar de que el juzgado le había comunicado formalmente al banco la prohibición de hacer extracciones de la cuenta judicial a una determinada persona.
En uno de las casos, la persona estaba judicialmente “bloqueada” desde 2019 para acceder al dinero del expediente, pero se constató que durante el aislamiento por la pandemia retiró fondos por cajero automático utilizando la tarjeta de débito que estaba expresamente prohibida por la jueza.
En el primer caso se impuso una doble multa al banco por haber entregado dinero de una cuenta judicial, por ventanilla, a una persona que había sido “bloqueada” por el juzgado. Esa prohibición de entregar dinero del expediente había sido informada al banco mediante un oficio.
En el segundo expediente, la multa por la misma irregularidad se elevó a $500.000 “en virtud de los reiterados incumplimientos y negligencias administrativas observados”.
En uno de las casos, la persona estaba judicialmente “bloqueada” desde 2019 para acceder al dinero del expediente, pero se constató que durante el aislamiento por la pandemia retiró fondos por cajero automático utilizando la tarjeta de débito que estaba expresamente prohibida por la jueza.
Por ese caso también se impuso una multa de casi $24.000 a favor del damnificado, por el dinero que se extrajo irregularmente de su cuenta judicial.